

En una insólita coincidencia, el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, falleció el 11 de septiembre de 2024, exactamente tres años después de la muerte de Abimael Guzmán, el fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso. Ambos personajes, responsables de graves violaciones de derechos humanos y matanzas, murieron a los 86 años.
El deceso de Fujimori ocurrió en la residencia de su hija, Keiko Fujimori, en San Borja, meses después de haber recuperado su libertad. La noticia fue confirmada por su hija, quien anunció su fallecimiento a la opinión pública.
Abimael Guzmán, por su parte, murió el 11 de septiembre de 2021 en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, donde cumplía cadena perpetua por sus crímenes.
Un conflicto que definió al Perú
Sendero Luminoso, fundado por Guzmán en 1980, buscaba instaurar un régimen maoísta en Perú. Su insurgencia comenzó en las zonas rurales y se expandió a las ciudades, incluida la capital, durante la década de 1980.
En este contexto, Alberto Fujimori asumió la presidencia en 1990 y puso la lucha contra el terrorismo en el centro de su gobierno. Implementó estrategias agresivas, como la creación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) bajo el mando de Vladimiro Montesinos, con el objetivo de capturar a los líderes insurgentes.
El funeral de Alberto Fujimori tiene lugar en el aniversario de la divulgación del primer "vladivideo"
Fujimori también promulgó leyes que otorgaron mayores poderes a las fuerzas de seguridad y endurecieron las penas por delitos relacionados con el terrorismo. No obstante, tanto Sendero Luminoso como el gobierno enfrentaron acusaciones de graves violaciones de derechos humanos. La organización terrorista cometió masacres y atentados, mientras que las fuerzas del Estado fueron acusadas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas.
La captura de Guzmán en 1992 durante la Operación Victoria fue un golpe decisivo para Sendero Luminoso y un impulso para la popularidad de Fujimori. En 2001, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue establecida para investigar los crímenes del conflicto, estimando que alrededor de 70,000 personas murieron o desaparecieron debido a la violencia.
Este conflicto armado dejó profundas cicatrices en la sociedad peruana, con un alto costo en vidas humanas y serios daños socioeconómicos.