El fallecimiento de Alberto Fujimori, expresidente del Perú, el 11 de septiembre a los 86 años, ha dejado varias preguntas sobre el futuro de su pensión vitalicia. El exmandatario, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, murió tras una larga batalla contra el cáncer, según confirmó su hija Keiko Fujimori en redes sociales.

Una de las principales inquietudes tras su muerte es quién será el beneficiario de la pensión vitalicia de 15.600 soles mensuales que le fue aprobada en julio de 2024 por el Congreso. El documento firmado por Haidy Figueroa Valdez, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Parlamento, señalaba que la solicitud para otorgar dicha pensión resultaba procedente debido a su ejercicio como jefe de Estado.

La legislación peruana, en particular la Ley 26519, establece que la pensión vitalicia está destinada a los expresidentes constitucionales del país. Sin embargo, en caso de fallecimiento, los beneficiarios son el cónyuge y los hijos menores de edad. Si existen varios beneficiarios, el monto se dividirá proporcionalmente.

En este sentido, el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), explicó que la pensión seguiría siendo depositada en la cuenta de la persona designada por Fujimori en su testamento. Aunque no se ha confirmado oficialmente, un nombre que ha generado especulaciones es el de Satomi Kataoka, empresaria japonesa que Fujimori conoció durante su exilio en Japón.

No obstante, el debate sobre quién recibirá la pensión aún está abierto, especialmente considerando las tensiones dentro del propio círculo familiar y la posibilidad de que haya más de un beneficiario, como lo establece la ley. Además, es relevante mencionar que el artículo 2 de la Ley 26519 suspende este derecho en caso de que un expresidente haya sido acusado constitucionalmente, aunque este punto no ha sido aplicado en el caso de Fujimori.

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El destino final de los fondos que le corresponderían como pensión al fallecido expresidente dependerá de la interpretación de su testamento y del marco legal vigente, lo que sigue siendo un tema de discusión entre los expertos.