En una nueva medida para combatir la piratería, el Gobierno de Dina Boluarte ha promulgado un decreto legislativo que modifica el Código Penal para abordar la reproducción y distribución no autorizada de obras audiovisuales. Aunque la venta ilegal de películas ha disminuido en las calles del Perú, el consumo en plataformas en línea y redes sociales ha aumentado, lo que ha llevado a esta actualización normativa.

El decreto legislativo tiene como objetivo optimizar el marco legal para permitir a las autoridades sancionar de manera más efectiva las violaciones a los derechos de autor. La nueva ley incluye penas de prisión de dos a seis años y multas que van de 30 a 90 días por los siguientes actos:

• Modificación total o parcial de una obra audiovisual.
• Distribución, venta, alquiler o préstamo público de la obra.
• Comunicación o difusión pública de la obra por cualquier medio.
• Reproducción total o parcial de una película dentro de salas de cine o similares.
• Reproducción, distribución o comunicación de la obra en un número superior al autorizado.

Además, si la distribución supera los 2 UIT (S/10.300), las penas se incrementan a cuatro a ocho años de prisión y multas de 60 a 120 días. Esta disposición se aplica tanto a la reproducción total o parcial de la obra como a su distribución, ya sea en un solo acto o de manera fraccionada.

Transmisión en Línea y Redes Sociales Bajo Fuego

La nueva legislación también aborda la piratería en línea, donde la venta y transmisión de películas por internet y redes sociales, como TikTok y Facebook, se han vuelto comunes. Las penas se aplican no solo a la reproducción no autorizada, sino también a la transmisión o retransmisión de obras en plataformas digitales, incluso si no se cobra por el acceso.

El decreto asegura que no se permitirá la reproducción de una obra en un número mayor al autorizado, ni siquiera si el distribuidor posee derechos de transmisión. Esto significa que, si se permite un número específico de reproducciones en salas de cine, no se podrá exceder ese límite en ningún medio.

Con estas reformas, el Gobierno busca cerrar brechas legales y proteger los derechos de autor en una era digital en constante cambio.