El segundo día del estado de emergencia en Lima y Callao inició con una serie de megaoperativos en los 68 penales del país, en un intento por frenar la ola de extorsiones y delitos que afectan a la población. La medida, que incluye la suspensión de ciertos derechos constitucionales, se aplica en 14 distritos de la capital y tiene como objetivo principal reducir la criminalidad.

El estado de emergencia, que durará 60 días, afecta a distritos como Ate Vitarte, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, Ventanilla (Callao) Santa Rosa y Rímac.. La decisión se tomó luego de las crecientes demandas de seguridad por parte de los transportistas, quienes han sido víctimas de extorsiones sistemáticas.

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Durante el operativo en el penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, las autoridades encontraron teléfonos celulares, cargadores y otros objetos prohibidos. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, supervisó la intervención y advirtió que si no se logran avances en el plazo establecido, dejará su cargo. "Si en 60 días no obtenemos resultados, daré un paso al costado", sentenció.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, destacó la coordinación entre su institución y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para continuar los operativos en todo el país. Sin embargo, reconoció que la situación sigue siendo crítica.

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El estado de emergencia incluye la suspensión de derechos como la libertad de tránsito, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, con el objetivo de intensificar las medidas de control y vigilancia. Este esfuerzo busca reducir los índices de criminalidad, aunque la efectividad de la medida aún está por verse.