Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), anunció que su gremio no acatará el paro programado para el 3 de octubre. En una entrevista esta mañana en Ampliación de Noticias, Valeriano aclaró que “en ningún momento hemos salido a un medio a tomar esas decisiones”, refiriéndose a la decisión de algunos dirigentes de protestar contra la situación de extorsión y sicariato que afecta a las empresas de transporte en Lima y Callao.

Sin embargo, el dirigente expresó su comprensión hacia aquellos transportistas que se sienten preocupados y que abogan por una nueva paralización. “Entendemos la postura de algunos compañeros preocupados por lo que está sucediendo”, afirmó Valeriano.

Advertencia de huelga nacional

A pesar de la decisión de no paralizar sus actividades este jueves, Valeriano advirtió que los transportistas llevarán a cabo una huelga nacional si el Congreso no deroga la Ley 32108. Este reglamento ha sido criticado por expertos, quienes argumentan que representa un retroceso en la lucha contra el crimen organizado. “La Ley 32108 está perjudicando a todos los ciudadanos en materia de inseguridad, dando pie a las organizaciones criminales. Si el Legislativo hace caso omiso, tomaremos acciones”, sentenció.

Antecedentes

La semana pasada, algunos líderes del sector habían anunciado su intención de realizar un paro este jueves debido a la continua extorsión que sufren. Sin embargo, Valeriano destacó que estas voces no representan al gremio en su conjunto. El 26 de septiembre, el sector sí acató un paro en Lima y Callao, que causó graves inconvenientes a miles de ciudadanos y resultó en actos vandálicos contra las unidades que operaron.

Respuesta del Gobierno

La reciente protesta llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao para enfrentar los altos índices de criminalidad. Sin embargo, a pesar de esta medida, los delitos han continuado en estas áreas, lo que refleja la creciente preocupación de los transportistas sobre su seguridad y la efectividad de las acciones gubernamentales.