El congresista Roberto Sánchez presentó este martes un proyecto de ley para derogar la Ley n.º 32108, que fue promulgada en agosto de 2024 con el fin de combatir el crimen organizado en el país. Sin embargo, la norma ha sido objeto de críticas por parte de gremios empresariales, sindicatos y expertos, quienes argumentan que, lejos de fortalecer la lucha contra el crimen, ha debilitado la capacidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía para enfrentar la creciente ola de extorsión y sicariato.

Sánchez, vocero de la bancada de Juntos por el Perú, anunció en su cuenta de X (antes Twitter) la presentación de su propuesta legislativa. "Propongo endurecer penas y reforzar la seguridad ciudadana. ¡Es tiempo de actuar con firmeza!", escribió el exministro de Producción, defendiendo la necesidad de una respuesta más contundente ante el crimen organizado.

El proyecto de ley 9953, presentado en la Mesa de Partes del Congreso, tiene como principal objetivo derogar tanto la Ley 32108 como la Ley 27379, la cual establece procedimientos para "adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares a fin de determinar las características concurrentes de una organización criminal".

Propuesta de reformas

Entre las propuestas clave de Roberto Sánchez se encuentra el aumento de las penas para los delitos de secuestro y extorsión. El legislador propone que el delito de secuestro sea castigado con penas de entre 25 y 30 años de prisión, mientras que la extorsión debería sancionarse con penas de entre 15 y 20 años.

Asimismo, Sánchez busca modificar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, incrementando la participación de la ciudadanía en los comités distritales de seguridad. Esto se lograría mediante la inclusión de dos representantes de las Juntas Vecinales, promovidas por la Policía Nacional, en dichos comités. Además, el proyecto establece la obligatoriedad de que las sesiones de estos comités sean convocadas tanto por las autoridades locales como a pedido de los representantes vecinales, con el objetivo de fortalecer la vigilancia comunitaria.

Fundamentos de la derogación

Según Sánchez, la Ley 32108 introduce criterios restrictivos que limitan la capacidad de las autoridades para identificar y procesar redes delictivas. En particular, señala que la ley exige la presencia del abogado del investigado para llevar a cabo allanamientos, lo que podría permitir que los delincuentes eliminen pruebas cruciales durante la espera, favoreciendo la impunidad.

El parlamentario citó las preocupaciones del Colegio de Abogados de Lima y del Ministerio Público, que han advertido que la normativa actual presenta vacíos legales que permitirán la liberación de presuntos delincuentes. "Es urgente derogar la Ley 32108 y dotar a las autoridades de herramientas efectivas para enfrentar con mayor firmeza el problema del crimen organizado", expresó Sánchez.

Su propuesta legislativa busca no solo revertir los efectos de la Ley 32108, sino también endurecer las penas y reforzar la participación ciudadana en la seguridad, aspectos que el congresista considera cruciales para una lucha efectiva contra la delincuencia organizada.