El Congreso de la República discutirá hoy una controversial propuesta que pretende incorporar el delito de "terrorismo urbano" en el Código Penal peruano, en el marco de la creciente inseguridad ciudadana. Este dictamen, que reúne 17 proyectos de ley, busca endurecer las penas por crímenes como el sicariato y la extorsión, con castigos que van desde 20 hasta 30 años de prisión.

A pesar del respaldo de diversas bancadas, el concepto de "terrorismo urbano" ha sido objeto de debate. Según analistas, este término agrupa crímenes ya existentes bajo una nueva denominación que podría generar confusión. Noam López, politólogo y docente de la PUCP, señala que esta clasificación no añade valor al trabajo de fiscales y jueces, ya que no introduce herramientas novedosas para la persecución de estos delitos.

Evaluación del dictamen
El dictamen, que será votado en el pleno del Congreso, incluye penas agravadas para quienes cometan actos que generen zozobra en la población con el fin de obtener beneficios económicos. Entre los delitos considerados bajo la nueva categoría de terrorismo urbano se encuentran el sicariato, el robo agravado y la extorsión. El debate en torno a la ley ha resaltado las complejidades de enfrentar el crimen organizado, tanto en áreas urbanas como rurales.

Críticas de expertos
López advierte que esta medida no aborda la naturaleza cambiante de los delitos más comunes en el país, como las extorsiones realizadas mediante llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería, ni las nuevas tácticas del crimen organizado. Mientras algunos congresistas recuerdan las tácticas policiales de la década de 1990 como modelo, los expertos señalan que el contexto actual es mucho más complejo.

Respuesta del Ejecutivo
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte ha enviado un proyecto de ley complementario que también busca modificar el Código Penal para endurecer las penas por sicariato y extorsión. Este documento propone sanciones más severas, incluyendo cadena perpetua en casos agravados.

El Congreso buscará hoy un consenso final sobre el dictamen, con la esperanza de que esta nueva figura penal proporcione al sistema judicial herramientas más efectivas para combatir el crimen organizado y la inseguridad en las ciudades del país.