Andrés Hurtado, conocido conductor de televisión peruano, enfrenta un creciente escándalo tras ser vinculado con Gary Bertonis, un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, y su esposo, el peruano Juan José Boullion Carbajal, amigo de la infancia del presentador. Según una investigación del programa Beto A Saber, la relación entre Hurtado y la pareja despertó sospechas debido a sus frecuentes visitas a un lujoso departamento en Miraflores, donde residen.
Este inmueble, inaugurado en 2023 y decorado con detalles de Versace, ha sido descrito como un símbolo del lujo, con un piano de cola y animales disecados. Aunque Boullion compartió imágenes del lugar en redes sociales, no figura como propietario en los registros públicos.
Bertonis y su esposo, ambos residentes de Estados Unidos, poseen propiedades en Nueva York y Florida, con valores que oscilan entre los 98,000 y 200,000 dólares. En un episodio que ha generado aún más controversia, se reveló que la pareja alquiló un departamento a la cantante Dalia Durán como parte de una donación gestionada por Hurtado en 2021.
Vínculos con el narcotráfico
Las investigaciones han sacado a la luz que Hurtado visitó Estados Unidos más de 65 veces, y desde 2019 aparece como apoderado de Demetrio Chávez Peñaherrera, alias ‘Vaticano’, uno de los capos más grandes del narcotráfico en los años 90. Hurtado fue autorizado para administrar bienes y manejar trámites bancarios en nombre de ‘Vaticano’, quien fue responsable del tráfico de cientos de toneladas de cocaína desde Perú hacia Colombia, operando con el cártel de Medellín de Pablo Escobar.
Este nexo ha despertado preguntas sobre el papel del conductor en la trama, especialmente considerando las denuncias contra Vladimiro Montesinos, quien supuestamente cobraba cupos a 'Vaticano' para permitir la salida de cargamentos de droga desde la selva peruana.
Casos de corrupción y lavado de activos
Andrés Hurtado, quien cumple 18 meses de prisión preventiva, también está implicado en un presunto caso de tráfico ilegal de oro. Se le acusa de haber intervenido para liberar un cargamento incautado a cambio de una comisión millonaria. A pesar de las acusaciones, otros implicados en la investigación, como la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, no recibieron la misma medida restrictiva. La fiscal ha sido apartada de su cargo temporalmente, mientras que el empresario deberá pagar una caución de un millón de soles.
El abogado penalista Alejandro Salas ha subrayado que la presencia de un agente de la DEA en esta red no es sorprendente, ya que han existido casos de narcotráfico en los que agentes han sido descubiertos colaborando con organizaciones delictivas.
Próximos pasos
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ya ha tomado medidas preventivas en el caso, pero la red de influencias y el alcance de este escándalo continúan siendo objeto de investigación.