En respuesta al alarmante aumento de la delincuencia, el crimen organizado y las extorsiones en el transporte público, el Gobierno de Dina Boluarte ha declarado un estado de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Esta medida, que involucra la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, se extenderá por 60 días, pero no incluirá el tan temido toque de queda.

Pese a la incertidumbre entre los limeños, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, confirmó que no se implementará ninguna restricción de horarios, descartando así una inmovilización general como la que se vivió durante la pandemia. Según Santivañez, el decreto de urgencia contempla la suspensión de ciertos derechos constitucionales para combatir la criminalidad, pero no considera necesario limitar la circulación de la población.

¿Toque de queda es la solución?
El exviceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés Cavassa, fue tajante al señalar que un toque de queda no sería efectivo para frenar las extorsiones. En declaraciones a Infobae Perú, advirtió que imponer tal medida afectaría negativamente la economía, especialmente para los trabajadores informales que dependen del día a día.

"Una inmovilización diaria tendría un impacto grave, ya que nuestra economía es mayoritariamente informal", explicó Valdés. Además, sugirió que un toque de queda podría incluso incrementar la delincuencia, al dejar a más personas sin recursos y desesperadas, propensas a actividades delictivas.

¿En qué consiste el estado de emergencia?
El estado de emergencia declarado en Lima y Callao abarca distritos como San Juan de Lurigancho, Ate, Comas y Villa El Salvador, entre otros. Durante los próximos dos meses, las fuerzas de seguridad se desplegarán en estas zonas para restaurar el orden y frenar la escalada de delitos que afecta a los ciudadanos.

Bajo este régimen, las autoridades tienen la facultad de restringir derechos fundamentales, como la libertad de tránsito y de reunión, tal como lo establece la Constitución en su artículo 137. Estas "facultades excepcionales" buscan contener la crisis de inseguridad que amenaza la estabilidad social de la capital.