

La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, no podrá salir del país durante un periodo de 18 meses, según lo ratificado por el Poder Judicial. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada la apelación presentada tanto por la defensa de Benavides como por la Fiscalía, que buscaba aumentar el impedimento a 36 meses. Esta medida fue solicitada por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y se mantendrá vigente hasta el 28 de febrero de 2026.
El juez supremo César San Martín, a cargo de la sala, determinó que el impedimento es necesario para asegurar la presencia de Benavides durante las investigaciones relacionadas con presuntos delitos de organización criminal agravada, cohecho activo y pasivo, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias y otros. La gravedad de los delitos imputados podría conllevar una condena superior a los 30 años de prisión.
Fundamentos del requerimiento
La defensa de Benavides argumentó que ha cumplido con todas las citaciones judiciales. Sin embargo, la fiscalía sostiene que existe un riesgo de fuga debido a las conexiones políticas de Benavides, lo que podría complicar su proceso judicial. "La imposición de una pena grave puede influir en la conducta procesal de la investigada y, en consecuencia, evadir la acción de la justicia", señala el documento de la fiscalía.
Este proceso judicial se intensificó el 17 de julio, cuando la Sala Permanente de la Corte Suprema anuló una resolución anterior que había desestimado el pedido fiscal de un impedimento de salida por 36 meses.
Elementos de convicción
Las acusaciones incluyen la creación de una presunta red delictiva y vínculos indebidos con varios congresistas, con el objetivo de influir en nombramientos y destituciones en el ámbito del Ministerio Público. Entre las nuevas evidencias presentadas se encuentra el testimonio de un testigo protegido, quien reveló detalles sobre la relación de Benavides con el abogado Luis Castillo Alva, recientemente arrestado en un operativo policial.
El testimonio indica que Benavides facilitó documentos clave a Castillo Alva, en relación con el caso "Cuellos Blancos del Puerto", y designó fiscales que eran de confianza del abogado implicado en la organización criminal. "A cambio de los favores recibidos, designó como fiscales adjuntos provinciales a personas propuestas por el testigo protegido", se detalla en la acusación.