La reciente propuesta legislativa del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha puesto en el centro del debate la delicada balanza entre la efectividad en la lucha contra el crimen organizado y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Presentada el jueves, la propuesta busca modificar la Ley N° 32108, que reformó la normativa contra organizaciones criminales, la cual fue aprobada por el Congreso el pasado 9 de agosto.

Uno de los puntos más polémicos de esta ley es la disposición que exige la presencia del interesado y su abogado durante los allanamientos de inmuebles. Esta medida ha sido criticada por el Ministerio Público, que sostiene que podría limitar su capacidad para actuar de manera eficaz contra el crimen.

La Propuesta y sus Implicaciones

La propuesta de Gutiérrez sugiere que, para el ingreso a un inmueble, no será necesaria la presencia del interesado ni de su abogado. En su lugar, se convocará a un defensor público para los registros y posibles incautaciones, un cambio que ha suscitado opiniones divididas.

El abogado penalista Juan José Quispe señaló que la propuesta no aborda adecuadamente el problema de fondo. “Esto implica que, en la práctica, el abogado presente será uno de oficio, lo que podría no garantizar la defensa adecuada del interesado”, argumentó. Además, Quispe advirtió que la falta de un abogado de elección podría abrir la puerta a filtraciones de información durante los allanamientos.

Un Debate Necesario

El contexto de la propuesta plantea interrogantes sobre cómo abordar el crimen organizado sin sacrificar los derechos fundamentales. La propuesta de la Defensoría se alinea con un creciente clamor por un enfoque más equilibrado en la aplicación de la ley, mientras que la postura del Ministerio Público defiende la necesidad de medidas más efectivas para combatir a las organizaciones criminales.

A medida que se intensifica la discusión sobre la ley y sus implicaciones, queda claro que la búsqueda de soluciones efectivas en la lucha contra el crimen organizado no debe comprometer los derechos y garantías de los ciudadanos. La protección de estos derechos es esencial para mantener la confianza en las instituciones y el estado de derecho.