La premura del Congreso de la República para avanzar en propuestas legislativas se evidencia de manera selectiva. Mientras se pospone el debate sobre una norma destinada a combatir el aumento de la delincuencia en el país, ocho agrupaciones políticas han decidido acelerar una contrarreforma que reforzará la influencia del Legislativo y debilitará el sistema judicial.

El jueves 3 de octubre, a las 6:04 p.m., antes de iniciar el debate sobre la ley de terrorismo urbano en el Pleno, la Junta de Portavoces acordó incluir en la agenda la discusión de un dictamen que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPC). Este acuerdo cuenta con la firma de los voceros de Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular, Bloque Magisterial, Somos Perú y Honor y Democracia.

La nueva ley reduce a cuatro los votos necesarios para que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva procesos de demanda competencial. La discusión de este dictamen está programada para el miércoles 9 de octubre, justo dos días antes de una audiencia en el TC relacionada con la demanda competencial que el Parlamento interpuso contra el Poder Judicial por la restitución de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez e Inés Tello. Con esta ley, el Congreso buscaría resolver el conflicto con apenas cuatro votos.

Además, el dictamen establece que los jueces no podrán tramitar demandas de amparo contra decisiones tomadas en el Congreso como parte de su control político, lo que incluye las acusaciones constitucionales. En junio de 2023, el Congreso aprobó una denuncia constitucional que inhabilitó a la fiscal Zoraida Ávalos; sin embargo, tras una demanda de amparo, Ávalos fue restituida. En marzo de este año, Vásquez y Tello fueron destituidos, pero también lograron regresar a la JNJ mediante un amparo.

La modificación del NCPC tiene como objetivo evitar que situaciones similares se repitan en el futuro, haciendo irreversibles las acusaciones emitidas por el Congreso en el ámbito judicial. Esta estrategia plantea serias preocupaciones sobre el equilibrio de poderes y la independencia del sistema judicial en Perú.