La expresidenta del Tribunal Constitucional del Perú, Marianella Ledesma, arremetió contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, acusándolos de ser parte de una “organización criminal” que opera desde el poder. Según Ledesma, las leyes aprobadas por el Parlamento favorecen la impunidad y complican la lucha contra la criminalidad. "Vivimos bajo una organización criminal y el brazo legal es el Congreso", afirmó en una entrevista con RPP.

Ledesma no se quedó allí y calificó al actual gobierno como "el peor de la historia", señalando que la gestión de Boluarte ha permitido un aumento alarmante de la criminalidad, inseguridad y corrupción. Según la exmagistrada, el Congreso, lejos de legislar a favor de los ciudadanos, promulga leyes que protegen a la delincuencia, como la ley de allanamiento y la ley de organización criminal.

“La delincuencia ha tomado el poder”

En declaraciones adicionales a La República, Ledesma sostuvo que la delincuencia ha copado el Estado peruano, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. “Ahora la prioridad no es la reivindicación social, es sobrevivir, que no te maten por salir a trabajar”, afirmó.

Cuestionó la propuesta del Ejecutivo de tipificar el "terrorismo urbano" como solución a la inseguridad, tildándola de una medida populista sin sustento real. A su juicio, el verdadero problema no solo radica en la delincuencia común, sino en “individuos de cuello y corbata” que actúan desde organizaciones criminales con apoyo político y legal.

Impunidad bajo el fuero militar

Sobre la propuesta de que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, denunciados por el uso de armas de fuego, sean juzgados en fueros militares, Ledesma fue contundente: “Lo que se está buscando es impunidad para el abuso”. Según ella, delitos como el asesinato o violación cometidos por uniformados deben ser juzgados en tribunales imparciales, no militares.

Finalmente, la ex presidenta del TC no mostró ninguna expectativa sobre el futuro del Tribunal Constitucional, afirmando que esta entidad se ha convertido en el "brazo extendido del Congreso", abdicando de su rol de control institucional.