

La ola de criminalidad en Perú, evidenciada por un aumento alarmante en robos, asesinatos, secuestros y extorsiones, ha llevado a diversos gremios a paralizar sus actividades, exigiendo una respuesta efectiva de la clase política. En medio de esta crisis de inseguridad, el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso han propuesto una nueva ley de terrorismo urbano, que muchos consideran un enfoque equivocado para un problema que sigue cobrando vidas.
El politólogo Noam López, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, calificó la propuesta de "sinsentido". En declaraciones a Infobae Perú, López argumentó que la iniciativa busca englobar delitos ya existentes bajo una nueva etiqueta, pero el término elegido solo genera más confusión. La ley abarca delitos como el sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión, reglaje y tráfico ilícito de migrantes, pero según López, no aborda la naturaleza de los grupos criminales, que suelen tener motivaciones económicas más que políticas.
“Las organizaciones criminales, como Barrio King o One Family, operan con el único objetivo de lucrar. Aunque puedan tener vínculos políticos, estos se utilizan como 'chalecos' para ganar elecciones locales”, destacó López. Además, al introducir el término "urbano", la propuesta ignora que los grupos delictivos no hacen distinciones entre entornos urbanos y rurales. Por ejemplo, en La Libertad, el grupo 'Los pulpos' opera tanto en Trujillo como en Pataz, a más de 2700 metros sobre el nivel del mar.
La declaración de estado de emergencia en distritos y regiones se ha vuelto una respuesta habitual ante la inseguridad, pero los resultados han sido decepcionantes. López criticó que “restringir libertades y derechos, como los de movilización y reunión, es ir en contra de la ciudadanía. Hasta ahora, los estados de emergencia no han acompañado acciones efectivas”. Lo que se ha observado son operativos sin un adecuado soporte de inteligencia, resultando en incautaciones mínimas, lo que López califica como “show masivo”.
La solución propuesta, la renovación de la Policía Nacional del Perú (PNP), ha sido un tema recurrente, pero pocos han explorado las reformas necesarias. López enfatiza que “las métricas de rendimiento policial son mediocres; miden la cantidad de requisitoriados o detenidos, pero no ayudan a prevenir que la juventud se una a las bandas criminales”.
Otro problema crítico es la formación de los miembros de la PNP. La precariedad de las escuelas de policía, la falta de actualización en los planes de estudio y la carencia de especialización son obstáculos significativos para que la institución cumpla con su función de brindar seguridad a la ciudadanía.