El viceministro de Justicia, Juan Alcántara Medrano, alertó que desde el 2021, los delitos de sicariato y extorsión en Perú han tenido un preocupante aumento, influenciado en gran parte por la llegada de organizaciones criminales extranjeras. Aunque Alcántara no especificó la nacionalidad de estos grupos, aseguró que son "más sangrientos y despiadados" que los criminales peruanos.

“Las estadísticas de la Policía Nacional y del INEI muestran un incremento considerable de casos de sicariato, extorsión y secuestros desde el 2021. Una de las principales causas es la migración extranjera, que ha introducido una criminalidad más violenta en nuestro país", señaló Alcántara en una conferencia de prensa del Consejo de Ministros.

Ante este panorama, el gobierno está preparando una nueva ley de "terrorismo urbano", que pretende establecer normas especiales para castigar estos delitos con mayor severidad. “No se trata de juzgar delitos ya existentes, sino de analizar el impacto social que estos crímenes tienen y cómo el Estado debe responder de manera eficaz”, aclaró el viceministro.

Sin embargo, la propuesta ha sido objeto de críticas. El politólogo Noam López calificó la iniciativa de "confusa e inefectiva", argumentando que agrupa delitos ya tipificados bajo un nuevo término que podría generar confusión. López considera que, en lugar de aportar soluciones, el proyecto de ley podría desviar la atención de los verdaderos problemas, como la falta de eficiencia en el trabajo policial y fiscal.

López también señaló que el término "terrorismo urbano" es engañoso, ya que la criminalidad no distingue entre zonas rurales y urbanas. Como ejemplo, mencionó a la organización "Los Pulpos", que opera tanto en las ciudades como en zonas rurales de la región de La Libertad.

A pesar de las críticas, el gobierno de Dina Boluarte sigue adelante con su propuesta, que incluye delitos como sicariato, secuestro, extorsión, minería ilegal y tráfico de migrantes, con el objetivo de frenar el avance de la criminalidad organizada en el país.