Actualidad | 14 oct 2024
Extorsión en Perú desata ola de cierres y violencia: un negocio de S/6.000 millones
Más del 50% de los bodegueros y el 70% de los transportistas son víctimas de extorsión en el 2024, afectando gravemente a la economía y seguridad del país.
La extorsión en Perú se ha convertido en una industria multimillonaria, afectando a miles de ciudadanos y sectores económicos clave. Según estimaciones, este delito genera pérdidas anuales superiores a los S/6.000 millones, lo que equivale al 0.7% del PBI del país, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Confiep. Además, la inseguridad en su conjunto le cuesta a Perú un 3.5% del PBI, alrededor de S/35.000 millones anuales.
Este crimen afecta tanto a pequeños comerciantes como a grandes sectores económicos. Siete de cada 10 transportistas han sido extorsionados en el 2024, según la Federación Nacional de Transporte (Fenatrans) y la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Las cuotas mensuales de extorsión pueden llegar hasta los S/30.000 para algunas empresas, poniendo en riesgo la vida de conductores y pasajeros.
El sector comercial también está en crisis. Más del 50% de los 23,000 bodegueros han sido víctimas de extorsión este año, con pagos que oscilan entre S/100 y S/4,000 mensuales. La situación es tan crítica que casi 3,000 bodegas han cerrado en Lima, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín de Porres e Independencia.
Construcción y comercios bajo amenaza
La extorsión ha paralizado casi 300 obras de construcción en todo el país, lo que ha generado pérdidas por S/1,000 millones en solo el primer semestre de 2024, según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Félix Rosales, dirigente de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, denunció el asesinato de 24 líderes sindicales en los últimos años debido a su negativa de pagar a bandas criminales que exigen "cuotas de protección".
Otros sectores afectados incluyen peluquerías, comedores populares e incluso mototaxistas. En Trujillo, Chiclayo y Piura, el 50% de los mototaxistas han sido extorsionados con pagos de hasta S/500 semanales, resultando en al menos 11 asesinatos de transportistas en el 2024.
Desconfianza en las autoridades
La creciente ola de extorsiones ha debilitado la confianza de la ciudadanía en la capacidad de la Policía Nacional para protegerlos. Según el Ministerio del Interior, solo el 25% de las víctimas de extorsión denuncia el delito, lo que complica aún más el control de la situación.
La investigadora Erika Solís, especialista en criminalidad y violencia del IDEHPUCP, advierte que la extorsión se ha arraigado en las periferias y áreas más vulnerables, donde hay poca presencia del Estado y las fuerzas de seguridad. "El sistema de justicia necesita más recursos, formación y mejor coordinación. Sin esto, cualquier ley o medida quedará incompleta", señaló Solís.
Respuestas del Gobierno
En un esfuerzo por combatir este flagelo, el gobierno ha implementado medidas como la Línea 111 para atender a las víctimas de extorsión y el anunciado "apagón de celulares" para validar los datos de los titulares de líneas móviles prepago. Según Osiptel, en coordinación con Reniec y Migraciones, ya se está realizando el cotejo de datos de millones de líneas, a fin de detectar irregularidades y prevenir el uso de teléfonos en actividades criminales.
A pesar de estas acciones, expertos señalan que se necesita un enfoque integral, con políticas de prevención a largo plazo y un fortalecimiento de las instituciones, para enfrentar el complejo entramado criminal que amenaza la seguridad y estabilidad del Perú.