El Colegio de Abogados de La Libertad ha dado el primer paso contra la polémica Ley 32130, presentando una demanda de inconstitucionalidad que cuestiona la transferencia de la investigación preliminar del delito a la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta norma, que modifica el Código Procesal Penal, ha sido fuertemente criticada por afectar la autonomía del Ministerio Público y vulnerar principios fundamentales consagrados en la Constitución.

Según el documento, al que accedió La República, la ley vulnera derechos como la presunción de inocencia y la independencia de poderes, siendo su violación "más grave y flagrante" la del principio de primacía constitucional. El Colegio de Abogados resalta que el artículo 159 de la Constitución otorga al Ministerio Público la responsabilidad exclusiva de conducir las investigaciones del delito desde el inicio, dejando a la Policía con la obligación de seguir sus mandatos. Con la nueva ley, esta relación de subordinación se altera de manera inconstitucional, dándole a la Policía un rol que debería recaer en la Fiscalía.

La demanda también subraya que reducir al Ministerio Público a un papel de "conducción jurídica" es un menosprecio de su autoridad. Esto, según el gremio, no solo disminuye su protagonismo en la persecución del delito, sino que, como ha sucedido en otros países de la región, puede fomentar el abuso policial y la fabricación de pruebas.

Por su parte, la Fiscalía de la Nación también ha manifestado su intención de presentar una acción similar ante el Tribunal Constitucional, sumándose a las voces que exigen la revisión de una ley que consideran atentatoria contra el sistema judicial peruano.