El juez Richard Concepción Carhuancho ha declarado inaplicable la Ley 32108, que modifica la descripción legal del delito de crimen organizado, en el caso 'Los Waykis en la Sombra'. Esta decisión se produjo al rechazar un pedido de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa de Zenovia Griselda Herrera Vásquez.

Concepción Carhuancho se convierte en el segundo juez de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada en cuestionar la ley, aplicando el control difuso y el control de convencionalidad. El primero en hacerlo fue el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz, quien fundamentó su postura en una interpretación de derecho comparado.

El magistrado concluyó que los artículos 1 y 2 de la Ley 32108, publicada el 9 de agosto de 2024 en el Diario Oficial El Peruano, vulneran derechos fundamentales como la tranquilidad, la seguridad personal y el derecho a vivir en una sociedad libre de corrupción, en contravención de la Constitución Política del Perú y de convenios internacionales.

Una ley con nombre propio

El juez argumentó que la Ley 32108 parece haber sido promovida con el objetivo de favorecer a su autor, el congresista Waldemar José Cerrón Rojas, quien se encuentra bajo investigación por delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el caso Dinámicos del Centro. Cerrón Rojas solicitó que se archive la investigación en su contra citando la misma ley que él promovió, argumentando que la organización criminal de la que formaría parte no habría cometido un delito superior a los seis años.

Concepción Carhuancho enfatizó que esta legislación fue aprobada por un Congreso que no actuó en el interés general de la sociedad, sino en beneficio de intereses particulares, buscando la impunidad para personas investigadas por organización criminal. En sus palabras, la ley representa una falta de compromiso del Congreso para proteger a los ciudadanos del crimen organizado.

Críticas a la legislación

El ex procurador anticorrupción José Ugaz ha afirmado que la norma representa los intereses del crimen organizado, mientras que la ex magistrada del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, señaló que el Congreso no legisló en favor de la ciudadanía, sino de la criminalidad.

Este fallo del juez Concepción Carhuancho marca un hito importante en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Perú, generando un debate significativo sobre la legitimidad y el propósito de la Ley 32108.