viernes 28 de febrero de 2025 - Edición Nº241

Actualidad | 17 oct 2024

Gobierno insiste en terrorismo urbano pese a cambios del Congreso y rechazo de transportistas

El Ejecutivo defiende la tipificación de "terrorismo urbano", mientras que el Congreso optó por “criminalización sistemática” en el Código Penal. A pesar de la controversia, se aprobó endurecer penas contra el uso de explosivos en delitos graves.


El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reafirmó que el Gobierno de Dina Boluarte sigue impulsando la tipificación del delito de terrorismo urbano, a pesar de que los gremios de transportistas y el Congreso de la República han expresado su rechazo. El Legislativo reemplazó esta figura por la de “criminalización sistemática” en el Código Penal.

Durante una conferencia de prensa junto a los ministros de Economía, Desarrollo e Inclusión Social, y Educación, Adrianzén instó al Parlamento a reconsiderar el uso del término propuesto por el Ejecutivo. "Queremos llamar a las cosas por su nombre, y eso se llama terrorismo urbano", enfatizó, subrayando la importancia de este marco legal para la seguridad del país.

El premier también expresó preocupación sobre las investigaciones abiertas contra efectivos policiales que, en ejercicio de sus funciones, usan sus armas de fuego en situaciones de riesgo. Según Adrianzén, esta tipificación protegería a las fuerzas del orden en estados de emergencia y otros operativos.

Cambios en el Congreso

El Congreso aprobó, en primera votación, un texto sustitutorio que impone cadena perpetua para quienes utilicen granadas u otros artefactos explosivos en delitos como extorsión, secuestro y sicariato, bajo la figura de criminalidad sistemática. Aunque algunos legisladores criticaron la rapidez de la votación, la medida fue respaldada mayoritariamente por las bancadas, con Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú como principales apoyos.

Además, se aprobó una modificación a la Ley de Crimen Organizado, endureciendo las penas para actividades delictivas a pesar de la oposición de los gremios de transportistas que solicitaban su derogación.

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