El peruano José Alejandro Zúñiga Cano fue condenado a ocho años de prisión efectiva por extorsionar a ciudadanos hispanoamericanos desde un call center en Lima. Zúñiga, de 40 años, se declaró culpable de haber engañado a sus víctimas con la falsa promesa de inscripción en un curso de inglés, utilizando tácticas intimidatorias para exigir pagos adicionales.

El Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida también ordenó que Zúñiga pague una reparación de 700 mil dólares, destinados a compensar a más de 1,100 víctimas de su estafa. Junto a Zúñiga, otras once personas fueron condenadas en una red de fraude transnacional que logró apropiarse de 15 millones de dólares.

Método de operación

Según las investigaciones, Zúñiga operaba un centro de llamadas en Lima, donde dirigía un equipo que se dedicaba a engañar a más de 30,000 consumidores hispanohablantes en Estados Unidos. Se hacía pasar por representantes de empresas educativas y amenazaba a los clientes con acciones legales si no pagaban por cursos de inglés que nunca habían solicitado. Además, en algunos casos, ofrecían premios falsos para atraer a las víctimas a servicios no requeridos.

La Fiscalía detalló que el call center utilizaba tácticas de intimidación, haciendo pasar a sus operadores por abogados, policías y otras autoridades para presionar a las víctimas a realizar pagos. Las amenazas de consecuencias legales generaban miedo y confusión entre los afectados, especialmente en inmigrantes recién llegados que temían problemas con las autoridades.

Captura y operación

Zúñiga fue capturado en Magdalena del Mar tras una requisitoria vigente por las autoridades estadounidenses. Su red no solo operaba en Lima, sino que también se extendía al extranjero, cobrando entre 500 y 1,000 dólares por cada curso ficticio.

La Policía peruana explicó que Zúñiga contactaba a las víctimas tras captar su interés, afirmando que su material de estudios había generado costos por almacenamiento. Esta situación era aprovechada por los estafadores, quienes sabían que los inmigrantes eran especialmente vulnerables y estaban ansiosos por evitar problemas legales.

El fiscal Markenzy Lapointe, del Distrito Sur de Florida, reafirmó el compromiso del sistema de justicia estadounidense de perseguir a estafadores transnacionales que explotan a poblaciones vulnerables, como los inmigrantes y adultos mayores.