El hallazgo de 16 cuerpos en una fosa común en Pataz, La Libertad, ha revelado solo una parte de la violencia que rodea la minería ilegal en la región. Según el exconsejero regional Greco Quiróz Díaz, la cifra de desaparecidos vinculados a esta actividad alcanzaría al menos 280 personas, basándose en una investigación propia realizada entre 2015 y 2022.

Quiróz detalló que los mineros ilegales ofrecen entre S/ 15 mil y S/ 30 mil a los familiares de las víctimas para que no denuncien las desapariciones. Estos pagos buscan silenciar a las familias y evitar investigaciones policiales que podrían destapar la brutalidad de la minería clandestina, la cual está controlada por organizaciones criminales como Los Buitres de Pataz.

La minería ilegal, motor económico de la región, ha fomentado un ciclo de violencia, con tiroteos nocturnos y asesinatos que son encubiertos mediante enterramientos clandestinos, como el descubierto en la mina La Poderosa. La mayoría de las víctimas son migrantes atraídos por promesas de trabajo, pero que terminan explotados y, en muchos casos, desaparecidos.

Este problema se agrava por la falta de acción de las autoridades, pues según Quiróz, las denuncias presentadas por las familias solo quedan registradas en cuadernos de ocurrencias sin investigación por parte de la Fiscalía.