La presidenta Dina Boluarte ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para modificar la ley N.º 32942, que establece el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, creado durante el gobierno de Martín Vizcarra en 2019. Esta iniciativa introduce cambios significativos, especialmente en la gobernanza del Consejo, que podría reforzar el control del Poder Ejecutivo sobre este organismo crucial.

Una de las modificaciones más destacadas establece que el presidente de la República presidirá el Consejo de manera “indelegable”. Este cambio representa una concentración del liderazgo en la figura presidencial, a diferencia de la ley actual, que permite que la presidencia sea rotativa entre altos cargos, incluyendo al presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación.

Los miembros del Consejo, que deberán desempeñarse de manera indelegable, son:

• El Presidente de la República
• El Presidente del Congreso
• El Presidente del Poder Judicial
• El Fiscal de la Nación
• El Presidente del Tribunal Constitucional
• El Presidente de la Junta Nacional de Justicia
• El Contralor General de la República
• El Defensor del Pueblo

Otra modificación importante es que el ministro de Justicia y Derechos Humanos será designado como secretario técnico del Consejo, también de manera indelegable. Este cargo implica coordinar con el consejo técnico para la ejecución de los acuerdos adoptados, lo que limita la participación de otros actores en la toma de decisiones del organismo. Además, se elimina la representación de las rondas campesinas, sustituyéndola por miembros de la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

Contexto de controversia

La propuesta de reforma llega en un momento crítico para Boluarte, quien enfrenta diversas investigaciones en el Poder Judicial, que incluyen acusaciones de corrupción, financiamiento irregular de su campaña y la gestión de las muertes ocurridas durante sus primeros meses en el cargo. Su hermano, Nicanor Boluarte, también enfrenta un pedido de prisión preventiva por el caso “Waykis en la Sombra”, al igual que Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta.

Durante una reciente conferencia de prensa, Boluarte rompió su silencio de más de 100 días y negó tener investigaciones abiertas por corrupción. Criticó la labor del Ministerio Público, sugiriendo que actúa como una “mesa de partes” para ciertos medios de comunicación, y defendió su gestión afirmando que las acusaciones en su contra son fabricaciones malintencionadas.

En su discurso, la presidenta reafirmó su compromiso de gobernar “con las manos limpias”, destacando que asumir la presidencia en un contexto de crisis política y la necesidad de fortalecer las instituciones del país son desafíos que ha tomado con seriedad. Boluarte subrayó la complejidad de liderar un país como Perú y la necesidad de un enfoque constante y trabajo ininterrumpido.