Iván Quispe Palomino, señalado públicamente como el "número dos" de Sendero Luminoso en el VRAEM, ha interpuesto una querella por difamación contra los ministros de Estado Gustavo Adrianzén y Juan José Santivánez, exigiendo una indemnización de S/ 1.5 millones por el daño moral y psicológico causado a él y su familia. Quispe Palomino, quien fue intervenido y señalado por las autoridades como líder senderista, sostiene que las acusaciones no solo son falsas sino que vulneran su dignidad personal.

Quispe Palomino afirma haber pagado la reparación civil impuesta por el Estado peruano y asegura que la intervención de la Policía Nacional se basó en información errónea. Según explicó en la querella, los señalamientos sobre su relación con el terrorismo son infundados, y se basaron en datos que no fueron verificados adecuadamente. Su abogado, Jonathan Correa, sostiene que los ministros deberían emitir disculpas públicas, calificando sus declaraciones como “sin un filtro adecuado” para un cargo de alto nivel.

Tras su detención, Gustavo Adrianzén y Juan José Santivánez afirmaron que Quispe Palomino era un “delincuente terrorista” y que portaba un DNI falso, información que luego fue cuestionada por otros expertos en seguridad. El congresista José Cueto y el exministro Mariano González también han criticado las declaraciones de los ministros, calificándolas de “precipitadas” y “sin base en informes de inteligencia”.

El caso plantea dudas sobre el manejo de la información y la responsabilidad de las autoridades en temas de seguridad nacional. Según el analista en seguridad Pedro Yaranga, Quispe Palomino ha llevado una vida común en Lima y Ica y no tiene vínculos recientes con el remanente de Sendero Luminoso, como afirman las autoridades.