La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato ha solicitado al Poder Judicial que el expresidente Martín Vizcarra pague la suma de S/ 4,671,971.30 como reparación civil a favor del Estado por presuntos actos de corrupción relacionados con los casos de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Esta solicitud fue presentada por el procurador Carlos Fernández durante el segundo día del juicio oral contra Vizcarra, quien ocupó el cargo de presidente regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

El procurador argumentó que Vizcarra "ofertó su función pública como presidente del Gobierno Regional de Moquegua a cambio de obtener ventajas económicas ilegales, no una sola vez, sino dos veces". Según Fernández, durante el juicio se presentarán testimonios de exdirectivos y trabajadores de la empresa Obrainsa, quienes detallarán cómo se entregó un millón de soles en efectivo al expresidente por "información privilegiada" relacionada con el proyecto Lomas de Ilo. Además, se señaló que Vizcarra "condicionó" la firma del contrato para el Hospital Regional de Moquegua a un pago ilícito de S/ 1.3 millones, que habría sido exigido a la constructora ICCGSA. "Escucharemos al propio ejecutivo de ICCGSA, quien recibió el condicionamiento", destacó Fernández.

En su demanda, la Procuraduría estableció el daño extrapatrimonial de la siguiente manera: S/ 2,071,971.30 como reparación civil por el proyecto Lomas de Ilo, que debe ser pagado solidariamente por Vizcarra, Obrainsa y Astaldi, empresas que también son consideradas terceros civilmente responsables. Además, se exige el pago de S/ 2.6 millones como reparación civil por el caso del Hospital Regional de Moquegua, que también debe ser cubierto solidariamente con ICCGSA e INCOT Contratistas Generales S.A., quienes tienen calidad de terceros en este proceso penal.

Por su parte, Erwin Siccha, abogado de Vizcarra, defendió la inocencia de su cliente, argumentando que se le atribuyen hechos que nunca cometió y que el proceso penal se basa en declaraciones de colaboradores eficaces que no tienen sentencia en este caso. En la primera sesión del juicio, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó una condena de 15 años de prisión para Vizcarra, además de su inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos, acusándolo de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.