Este martes, la presidenta Dina Boluarte oficializó la afiliación excepcional y temporal al Seguro Integral de Salud (SIS) para extranjeros no residentes que padezcan tuberculosis (TB) o VIH, una medida que tiene como objetivo apoyar a un sector vulnerable y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades en el país.

La nueva normativa permitirá que el SIS afilie a estos pacientes mediante un régimen de financiamiento subsidiado, y aceptará una amplia variedad de documentos de identificación, tales como cédula de identidad, permiso temporal de permanencia, carné de solicitante de refugio o declaración jurada de identidad, entre otros.

El SIS deberá emitir las regulaciones adicionales necesarias para implementar esta ley en un plazo máximo de 45 días hábiles. Esta medida sigue a la aprobación del dictamen en el Congreso con 79 votos a favor, una iniciativa impulsada por la legisladora Lady Camones, quien subrayó que la exigencia del carné de extranjería dificultaba el acceso de personas migrantes a tratamientos de salud esenciales, poniendo en riesgo de transmisión a otras personas.

Contexto e impacto de la medida
En un contexto de alta prevalencia de VIH y tuberculosis en la población migrante, el impacto presupuestal de esta medida representará el 0,63% del presupuesto total del SIS para 2024, según estimaciones de Camones. Datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que el 1,01% de migrantes venezolanos en ciudades como Lima y Trujillo vive con VIH, en contraste con el 0,3% a 0,4% de la población peruana.

En cuanto a la tuberculosis, Perú lidera las cifras de casos en las Américas, con 173 casos por cada 100 mil habitantes en 2023, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ese mismo año, se registraron 5,578 muertes por esta enfermedad en el país, lo que pone de relieve la necesidad urgente de control y tratamiento.

Objetivo de la ley
La medida busca atender las necesidades de salud de migrantes en situación de vulnerabilidad y facilitar su acceso a tratamientos, con el objetivo de reducir el impacto de enfermedades infecciosas como el VIH y la tuberculosis en la salud pública del país.