El Poder Judicial ha ordenado al Ministerio Público concluir la investigación abierta en mayo de 2024 contra la presidenta Dina Boluarte, en relación con la desactivación del Equipo Especial de la Policía que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el recurso de control de plazo presentado por la defensa de Boluarte, que argumentó el excedente de tiempo en las pesquisas.

La resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema señala: "Se declara fundada la solicitud de control de plazo formulada por la defensa de Dina Ercilia Boluarte Zegarra en la investigación preliminar seguida en su contra por los presuntos delitos de encubrimiento personal agravado y abuso de autoridad en agravio del Estado". Además, se ordenó a la Fiscalía emitir una resolución conforme al Código Procesal Penal, lo que implica el archivamiento de la investigación contra la mandataria.

Desactivación del equipo especial de la Policía

El 9 de mayo de 2024, el gobierno de Dina Boluarte dispuso la desactivación del equipo policial que apoyaba al Eficcop. Mediante una resolución firmada por el entonces ministro del Interior, Walter Ortiz, se anularon las decisiones previas que establecían la existencia de este equipo, integrado por el jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad y el jefe de la División de Inteligencia Antidrogas.

El gobierno justificó esta decisión alegando duplicidad de funciones, ya que las labores de investigación e inteligencia eran realizadas por la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac). No obstante, la medida fue criticada tras acusaciones de que la presidenta Boluarte intentaba desmembrar al grupo fiscal, incluso promoviendo la destitución del coronel Harvey Colchado, jefe de la Diviac. Además, se denunciaron irregularidades, como el "reglaje" a familiares de la fiscal superior Marita Barreto.

Investigación preliminar de la Fiscalía

El 11 de mayo, el Ministerio Público anunció el inicio de diligencias preliminares contra Boluarte y Ortiz por la desactivación del equipo especial. A la presidenta se le atribuyó la condición de presunta instigadora, mientras que el exministro enfrentó cargos por encubrimiento personal. Ambos también están implicados en posibles abusos de autoridad.