La creciente inseguridad ciudadana en los últimos años ha llevado a los delincuentes a utilizar medios de comunicación como las llamadas telefónicas, mensajes de texto y redes sociales para extorsionar a sus víctimas, exigiéndoles grandes sumas de dinero bajo amenazas de muerte. En este contexto, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) reportó que entre el 18 y el 31 de julio de 2023, más de 7.000 personas desconocían líneas móviles registradas a su nombre, lo que evidencia las fallas en la seguridad al contratar servicios de telecomunicaciones.
Con el fin de reforzar la seguridad en las telecomunicaciones, el 7 de noviembre se publicó un Decreto Legislativo que establece la creación del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad. Esta medida busca prevenir la venta informal de dispositivos móviles y combatir el robo y comercio ilegal de celulares, así como la venta no autorizada de chips. Para ello, se implementará un proceso de verificación de los datos de abonados y vendedores de chips con entidades como Migraciones, Reniec y Osiptel.
El objetivo de la normativa es exigir la validación de la identidad de las personas que contratan líneas telefónicas y venden chips. Esto permitirá conocer quiénes están involucrados en la activación de los servicios, facilitando las investigaciones en caso de delitos. Las entidades encargadas de realizar esta validación serán el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migraciones, Reniec y Osiptel.
Proceso de verificación
El proceso será el siguiente:
¿Qué sucede si no coinciden los datos?
Si los datos no coinciden durante la verificación, las empresas operadoras recibirán un informe con los resultados y, en función de la discrepancia, podrán dar de baja las líneas móviles afectadas. Esta medida se implementará como parte de un protocolo que asegura la transparencia y eficiencia en el proceso. Según Osiptel, las personas que brinden datos falsos o incompletos serán identificadas y sus líneas serán dadas de baja.
El decreto también fortalece el control del OSIPTEL sobre el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles, asegurando que todas las líneas telefónicas móviles sean adquiridas por personas plenamente identificadas. Esto contribuirá a la lucha contra delitos vinculados con el uso ilegal de teléfonos móviles en actividades criminales.