El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha reavivado los temores sobre las políticas migratorias, que incluyen deportaciones masivas y un cierre total de la frontera. Con un enfoque en expulsar a millones de inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes criminales, su segundo mandato promete ser un desafío para las comunidades afectadas.

Deportaciones masivas en el horizonte

Trump y sus aliados ya están trazando planes para intensificar la deportación de inmigrantes. Una fuente cercana al equipo de transición aseguró a CNN que la expulsión de aquellos con antecedentes penales podría ser una de las primeras medidas del nuevo gobierno. Sin embargo, los defensores de los derechos de los inmigrantes temen que estos planes se amplíen rápidamente y afecten a miles de personas que llevan años viviendo en el país.

Juan Proaño, CEO de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), calificó de "cruel y despiadada" la política de deportaciones masivas. Asegura que las consecuencias serían devastadoras para millones de familias y comunidades, dañando negocios y afectando la economía estadounidense. Mientras tanto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ya se prepara para enfrentar las medidas más extremas, incluidos los intentos de usar a las fuerzas militares para llevar a cabo deportaciones, una acción que califican de ilegal.

El temor se apodera de las comunidades

En ciudades como Houston, los líderes comunitarios como César Espinosa han comenzado a recibir miles de llamadas de inmigrantes preocupados por su futuro. Las familias de estatus mixto, que incluyen tanto ciudadanos estadounidenses como inmigrantes indocumentados, son las más vulnerables. Muchos temen que sus seres queridos sean deportados, aunque algunos defienden la idea de que las deportaciones, especialmente de personas sin antecedentes penales, podrían llevar más tiempo en implementarse.

Los defensores de los inmigrantes no se quedan atrás

En California, donde los agricultores dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante, se renueva la demanda por una reforma migratoria que permita la legalización de los trabajadores actuales y facilite la entrada de nuevos empleados para trabajos agrícolas. Shannon Douglass, presidenta del California Farm Bureau, destacó que esta reforma es crucial para resolver la escasez crónica de trabajadores en el campo.

Por otro lado, en Nueva York, la comunidad religiosa ha intensificado sus esfuerzos para apoyar a los inmigrantes, que podrían verse aún más afectados por las políticas de Trump. Iglesias, mezquitas y sinagogas ya están organizando recursos para acoger a los migrantes y ofrecerles protección frente a las posibles deportaciones. Aunque la ciudad cuenta con leyes santuario que limitan la cooperación con las autoridades federales, activistas como Murad Awawdeh advierten que estas leyes locales no impedirán que el gobierno federal implemente sus medidas.

¿Qué sigue para los inmigrantes?

Con la administración de Trump a la vista, las comunidades inmigrantes en todo el país ya se están preparando para lo que podría ser un nuevo capítulo en la política migratoria de Estados Unidos. Aunque algunos, como Jorge Rivas, apoyan la idea de deportar a aquellos con antecedentes criminales, muchos temen que esta medida se extienda más allá de los criminales, afectando a personas que simplemente buscan una vida mejor en el país.

La incertidumbre sigue siendo la protagonista. La resistencia legal y comunitaria será clave para frenar las políticas más extremas y proteger a los millones de inmigrantes que ya consideran a Estados Unidos su hogar.