El abogado Pedro Joel Lavado Degracia presentó una denuncia formal ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL) contra Richard Concepción Carhuancho, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, acusándolo de inconducta funcional y vulneración de la ética profesional. La queja sostiene que Concepción Carhuancho expuso detalles confidenciales del caso “Los waykis en la sombra” en una clase universitaria, infringiendo el Código de Ética.

Según el abogado Lavado Degracia, el juez habría afirmado que los procesados, Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, forman parte de una organización criminal, pese a no existir una sentencia firme. Esta declaración, asegura, evidencia un “adelanto de opinión” y afecta la imparcialidad del magistrado. "La falta de objetividad compromete el derecho de los procesados a un juicio justo", se lee en el documento presentado al decano del CAL.

Pedido de investigación y pronunciamiento institucional

En su denuncia, Lavado Degracia solicita al Consejo de Ética del CAL una investigación exhaustiva y, de comprobarse la falta, pide la separación inmediata de Concepción Carhuancho del gremio de abogados. También exige un pronunciamiento institucional para salvaguardar la credibilidad del sistema judicial peruano.

Contexto del caso "Los waykis en la sombra"

Concepción Carhuancho sigue evaluando el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y Mateo Castañeda, exabogado de la mandataria. La solicitud fue presentada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Efficop) en el marco del caso de presunta organización criminal. Los acusados, entre ellos exfuncionarios y allegados a la familia Boluarte, están investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal en perjuicio del Estado.

Acusaciones de tráfico de influencias y recolección de firmas

La tesis fiscal sugiere que Nicanor Boluarte, señalado como líder de esta supuesta red criminal, empleaba su influencia para designar prefectos y subprefectos en distintas regiones del país con el objetivo de fortalecer el partido político Ciudadanos por el Perú. Además, según el expersonero Edwin Ugarte, Boluarte habría solicitado a estos funcionarios recolectar firmas para el partido, respaldándose en el “apoyo” de su hermana, la presidenta Dina Boluarte.

La Fiscalía señala que esta estructura buscaba controlar cargos en el aparato estatal para favorecer a la organización, según declaraciones obtenidas por el programa Cuarto Poder. La denuncia contra el juez Concepción Carhuancho plantea interrogantes sobre la imparcialidad en el tratamiento judicial de este complejo caso.