Un video viralizado en TikTok ha generado una fuerte preocupación sobre la seguridad y preservación del Patrimonio Cultural de la Nación. En las imágenes, una mujer es captada mientras arroja lo que parece ser cenizas humanas en los andenes de la ciudadela inca de Machu Picchu, un acto que ha sido calificado como un posible atentado contra este patrimonio mundial.

T’ika Luiza Obregón, miembro de la Comisión de Juristas de Cusco, advirtió que esta acción podría constituir un delito conforme a la Ley 28296, que protege el patrimonio cultural del país. Según explicó, las áreas arqueológicas, como Machu Picchu, no son aptas para recibir cenizas de personas fallecidas ni para modificar su uso original. "Las áreas arqueológicas no son depositarios de ningún tipo de cenizas y mucho menos de restos humanos", subrayó Obregón.

En el video, la mujer, vestida con un polo negro, pantalón azul y zapatillas beige, se observa ingresando a la ciudadela y esparciendo una sustancia polvorienta en los andenes, mientras que su acompañante la filma. El registro concluye con una reverencia por parte de la mujer y un abrazo con otra persona. El contenido fue publicado en la cuenta de TikTok “IncaGo Expeditions” y acompañada de un mensaje sentimental: "Una despedida llena de amor en Machu Picchu" y las etiquetas #cenizas #esparcircenizas.

Obregón señaló que este tipo de acciones podrían ser parte de una estrategia para promover la práctica de esparcir cenizas en el sitio arqueológico, lo que, de ser comprobado, podría derivar en severas sanciones penales.

“Es necesario investigar si se trata de una persona aislada o de una agencia que promueve este tipo de actos", advirtió.

Tras la difusión del video, tanto este como la cuenta fueron retirados de la plataforma, pero las autoridades aún deben esclarecer si existió algún tipo de autorización para realizar el acto, ya sea verbal o escrita. Sin embargo, la jurista recalca que, independientemente de cualquier posible permiso, arrojar cenizas en Machu Picchu no corresponde al uso adecuado de este Patrimonio Cultural de la Nación.

De acuerdo con la Ley 28296, el Código Penal establece penas de entre 2 y 10 años de prisión para quienes alteren o modifiquen el uso de los patrimonios culturales, subrayando que tal práctica no puede ser promovida bajo ninguna circunstancia.