Harvey Colchado pide protección a la CIDH tras amenazas de baja en la PNP
El coronel Harvey Colchado, quien lideró el controvertido allanamiento en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en el marco de la investigación del denominado caso ‘Rolex’, ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su requerimiento se centra en evitar que el Gobierno peruano lo dé de baja de la Policía Nacional del Perú (PNP), en un contexto que el oficial considera de "amenaza permanente e inminente" hacia su integridad.

El pedido de protección a la CIDH
A través de su abogado, Miguel Pérez Arroyo, el coronel Colchado solicitó que el Estado, el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior adopten medidas adecuadas para proteger su derecho a la vida y su integridad personal. Colchado ha expresado que su situación es una "represalia" por haber participado en investigaciones fiscales sobre alta corrupción dentro del poder político y, en particular, por haber liderado el allanamiento en la casa de la presidenta Boluarte, en Surquillo, a finales de marzo.

El abogado Pérez Arroyo explicó en RPP que las medidas solicitadas ante la CIDH son el resultado de una serie de procesos sancionadores que se han abierto en contra de Colchado, los cuales considera una reacción por su rol en las investigaciones de corrupción. Estos procesos estarían relacionados con la difusión de una imagen que mostró una torta con una referencia al allanamiento a la vivienda de Boluarte, lo que generó controversia en el ámbito político.

Separación temporal de Colchado de la Diviac
El caso de Colchado se agrava con la separación temporal que sufrió en abril de este año, cuando fue removido de la jefatura de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) por disposición de la Inspectoría General de la PNP. Esto fue consecuencia de un procedimiento administrativo disciplinario iniciado en su contra por infracciones graves, luego de que se conociera públicamente la imagen de la torta relacionada con el allanamiento a la casa de Dina Boluarte.

Colchado, quien había dirigido la investigación en calidad de jefe de la Diviac, argumentó que su participación en el allanamiento fue legítima, al estar amparada por una orden judicial y una petición fiscal, razón por la cual no habría actuado de manera irregular.

El contexto de las represalias
La defensa de Harvey Colchado sostiene que los procesos administrativos y disciplinarios contra él no obedecen a una lógica procesal común, sino a lo que considera una forma de venganza por haber ejecutado un mandato judicial en una investigación que involucra a altas esferas del poder político y a la propia presidenta Boluarte.

La CIDH tiene un plazo de hasta tres semanas para responder al pedido de medidas cautelares, y se espera que tome en cuenta los argumentos presentados por el abogado Pérez Arroyo, quien ha calificado la situación como evidente.

Consecuencias políticas y judiciales
El caso de Harvey Colchado es parte de un contexto más amplio de creciente tensión entre las instituciones del poder judicial, la política y la policía en Perú. La investigación del caso ‘Rolex’, que involucra a miembros de la presidencia y otros funcionarios de alto rango, ha desatado una serie de diligencias judiciales y ha provocado cuestionamientos sobre la impunidad en las altas esferas del poder político.