El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que su Administración utilizará a las Fuerzas Armadas y declarará una emergencia nacional para llevar a cabo su plan de deportaciones masivas de migrantes indocumentados. La noticia fue compartida a través de su red social, Truth Social, en respuesta a una publicación del activista conservador Tom Fitton, quien había adelantado la medida, lo que Trump ratificó con un “¡CIERTO!” en su cuenta.

El plan de Trump, que fue una de las principales promesas de su campaña electoral, busca utilizar la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que le otorga poderes extraordinarios al presidente para actuar sin la necesidad de la aprobación del Congreso ante situaciones que se consideren una amenaza a la seguridad nacional. Este recurso ya fue utilizado por Trump durante su primer mandato en 2019, cuando declaró una emergencia nacional para desviar fondos destinados al Pentágono y destinarlos a la construcción del muro fronterizo con México, una medida que generó una serie de demandas judiciales.

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Aunque aún no se han detallado públicamente los procedimientos exactos para las deportaciones, Trump ha indicado que las Fuerzas Armadas, incluidos reservistas de la Guardia Nacional y posiblemente tropas desplazadas desde el extranjero, serían movilizadas para asistir en la ejecución de las leyes migratorias, especialmente en la frontera sur de Estados Unidos.

Este enfoque generará un cambio importante en el papel del Ejército en el país, ya que la legislación estadounidense prohíbe el uso directo de las Fuerzas Armadas para labores de vigilancia interna. Según el Brennan Center for Justice, esta medida podría contradecir leyes que limitan el uso del Ejército en tareas de seguridad interna.

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El impacto potencial de este plan podría ser devastador para las familias migrantes. Se estima que 11 millones de indocumentados residen actualmente en Estados Unidos, y el impacto de una deportación masiva afectaría a cerca de 20 millones de personas, muchas de las cuales son ciudadanos estadounidenses. La implementación de estas políticas podría costar miles de millones de dólares anuales y desencadenar una escasez de mano de obra en sectores clave de la economía estadounidense, como la agricultura y los servicios, sectores que dependen de los migrantes indocumentados para su funcionamiento, según el American Immigration Council.

En un contexto de alta polarización, estas medidas también enfrentan un panorama de resistencias legales y sociales, lo que generará un debate nacional sobre los límites de los poderes presidenciales y las implicaciones humanitarias y económicas de este tipo de políticas.