Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, se encuentra prófugo de la justicia luego de que el Poder Judicial dictara 36 meses de prisión preventiva en su contra. El Ejecutivo ha reaccionado con una serie de cuestionamientos a la decisión judicial, acusando una presunta politización del proceso judicial. Los ministros del gobierno han expresado su preocupación por lo que consideran un intento de desestabilización política y judicial.

Prófugo de la justicia: ¿Una campaña en su contra?

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Nicanor Boluarte fue declarado prófugo el lunes pasado, luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara la medida cautelar por su presunta vinculación con una red criminal. Este grupo habría influido en la designación de autoridades locales para la creación de un partido político. Sin embargo, desde ese momento, la ubicación de Boluarte es desconocida, y su abogado no ha logrado ubicarlo.

El Ejecutivo responde a la decisión judicial

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El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue uno de los primeros en expresar su malestar ante la decisión judicial. Adrianzén sostuvo que la prisión preventiva impuesta a Nicanor Boluarte representa un “bajísimo estándar de la libertad” y subrayó que la justicia debe actuar respetando los principios fundamentales del debido proceso. Aseguró que este tipo de medidas pueden ser utilizadas políticamente, como una forma de presionar a la presidenta Dina Boluarte para que abandone el cargo.

El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, también cuestionó la sincronización de la lectura de la sentencia, que coincidió con la última jornada de la Cumbre de la APEC, sugiriendo que la medida judicial podría estar orientada a desviar la atención sobre los logros del gobierno peruano en dicho foro internacional.

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Declaraciones del ministro de Desarrollo Social

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, fue enfático al afirmar que la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte “no tiene explicaciones técnicas” y que parece estar motivada por un intento de desacreditar al gobierno. En su declaración, Demartini destacó que la decisión judicial busca generar la impresión de que la presidenta Boluarte está comprometida en actos irregulares, un mensaje que según él no refleja la realidad.

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El Ministro de Trabajo también opina

Por otro lado, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se mostró cauteloso en su pronunciamiento, señalando que la intervención de un ministro sobre un caso judicial podría afectar la imagen institucional. No obstante, Maurate hizo un llamado a respetar los derechos fundamentales de los acusados, incluyendo la presunción de inocencia y la garantía de un juicio imparcial.

Gustavo Adrianzén denuncia una campaña contra el gobierno

En su intervención, Gustavo Adrianzén también denunció lo que consideró una campaña orquestada para desprestigiar a la presidenta Dina Boluarte. Afirmó que esta campaña está vinculada a grupos de poder que promueven la vacancia presidencial, incluyendo organizaciones criminales relacionadas con la minería ilegal y seguidores del expresidente Pedro Castillo.

Adrianzén acusó al Poder Judicial de estar politizado y aseguró que los actos judiciales contra el hermano de la presidenta tienen como objetivo sembrar dudas sobre la legitimidad de su gobierno y facilitar su eventual destitución a través del Congreso.