El Ministro del Interior de Perú, Juan José Santivañez, ha tomado acciones decisivas en el caso de Sheyla Cóndor, al ordenar la remoción de cuatro comisarios implicados en irregularidades durante la investigación. Esta medida responde a las crecientes denuncias de mala praxis dentro de las fuerzas policiales y se inscribe en un esfuerzo más amplio para erradicar la impunidad dentro de la institución.

El caso de Sheyla Cóndor, que ha conmocionado al país, comenzó con la denuncia de los padres de la joven, quienes aseguraron haber sido amenazados por el personal de la comisaría de Santa Luz Mila mientras intentaban presentar una denuncia. Según las declaraciones, los oficiales no solo se negaron a tramitar la denuncia, sino que también intimidaron a los familiares de la víctima, un patrón alarmante que subraya la necesidad de una reforma en la policía.

Investigación y medidas drásticas

El Ministro Santivañez destacó que las acciones tomadas son parte de un proceso de evaluación interno en la Policía Nacional del Perú, con el fin de mejorar el control sobre los procedimientos policiales. “Estamos tomando acciones inmediatas y no habrá impunidad”, aseguró el ministro, dejando claro que cualquier oficial involucrado en hechos delictivos será dado de baja.

La investigación continúa bajo la supervisión de la Inspectoría General de la Policía, que está evaluando si hay más oficiales implicados en estos casos de corrupción. Además, se ha solicitado esclarecer las irregularidades en el manejo de la investigación de la muerte de Sheyla Cóndor, cuyo cuerpo fue encontrado en un hotel de San Juan de Lurigancho. Las críticas por el mal manejo del caso han llegado incluso a altos mandos policiales, quienes han reconocido las fallas en los procedimientos.

Reformas y transparencia en la Policía Nacional

A pesar de las críticas, el Ministro Santivañez defendió la integridad de la mayoría de los policías y subrayó que no se puede generalizar sobre la fuerza policial. No obstante, destacó que el caso de Sheyla Cóndor expone deficiencias serias que deben ser corregidas, y reiteró el compromiso del gobierno de garantizar justicia y transparencia.

Las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior son solo el inicio de un proceso más amplio para reformar la policía peruana, con la colaboración de la justicia militar y el Ministerio Público. El gobierno busca asegurar que los responsables del mal manejo de este y otros casos sean juzgados con la mayor celeridad posible, enviando un mensaje claro de cero tolerancia hacia la corrupción dentro de las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana.

La remoción de estos oficiales es solo una parte de un esfuerzo colectivo para restaurar la confianza en las fuerzas del orden y garantizar que casos como el de Sheyla Cóndor no queden impunes.