El dominical Punto Final reveló un alarmante patrón de armas incautadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) que, en lugar de ser resguardadas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), terminan siendo reutilizadas en el ámbito criminal. Este fenómeno, conocido como "ruleteo", involucra a varios departamentos de la PNP, entre ellos la Depincri de San Juan de Miraflores (SJM) y Comas, donde armas incautadas fueron devueltas al mundo del hampa.

El caso de Jean Chávez Miranda y el revólver Paspe

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El 2 de febrero de 2024, agentes de la PNP intervinieron a tres hombres acusados de realizar robos al paso en el distrito de SJM. Durante la detención, se incautó un revólver marca Paspe con serie 195003, que había sido previamente incautado en enero de 2022. El revólver había sido encontrado en posesión de Gonzalo Sánchez, quien fue condenado a 12 años de prisión. Sin embargo, al ser re-incautada, los peritos policiales se dieron cuenta de que el arma ya había estado en poder de la Depincri de SJM, lo que despertó la sospecha de que esta había sido desviada nuevamente hacia el crimen organizado.

Patrón recurrente en la Depincri de Comas

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Este no es un caso aislado. Según el informe, tres armas incautadas entre 2022 y 2023 en la Depincri de Comas, específicamente un revólver Amadeo Rossi, una pistola FL y un revólver Balila, fueron encontradas en una escena del crimen menos de un año después de haber sido incautadas. En 2022, tras la implementación de nuevos controles por parte del entonces ministro del Interior, Vicente Romero, todo el personal de la Depincri de Comas fue removido debido a la desaparición de al menos 20 armas.

Posibles implicaciones legales y corrupción policial

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El abogado penalista Fernando Silva comentó al programa Punto Final que estos incidentes podrían constituir "delitos de sustracción de objetos requisados" o incluso "complicidad con organizaciones criminales". La denuncia pone en evidencia un grave problema dentro de la Policía Nacional, donde la falta de control y posibles actos de corrupción permiten que las armas incautadas vuelvan a ser utilizadas en delitos, lo que pone en riesgo la seguridad pública.