El Poder Judicial dictó este martes 3 de diciembre una medida de prisión preventiva de 18 meses contra la fiscal Elizabeth Peralta, quien está implicada en un caso de tráfico de influencias y sobornos. La decisión fue tomada por el juez supremo Gustavo Álvarez, quien acogió el recurso de apelación del Ministerio Público contra el fallo de primera instancia, que había dispuesto la comparecencia de la fiscal en libertad.

La fiscal está relacionada con un esquema de corrupción en el que también están involucrados el presentador de televisión Andrés Hurtado, el empresario Javier Miu Lei y otros actores. Se le acusa de ofrecer influencias a cambio de dinero para manipular investigaciones, incluida la devolución de oro incautado a Miu Lei y la influencia sobre investigaciones de lavado de activos. Además, se le señala por haber recibido sobornos de 80,000 dólares para intervenir en el caso de Miu Lei y de haber solicitado 100,000 dólares para interceder en un proceso contra la empresa Quantico Servicios Integrados.

En una audiencia reciente, la defensa de Peralta expresó su desacuerdo con la decisión judicial, señalando que la fiscal se entregará a la justicia en las próximas horas. El abogado Benji Espinoza indicó que, a pesar de la resolución en su contra, Peralta sigue firme en su disposición de someterse al proceso, aunque considera equivocada la aplicación de la prisión preventiva.

El caso ha tomado gran relevancia debido a los elementos encontrados durante un allanamiento, que incluyen un USB con audios comprometedores, evidencia de manipulación de pruebas, y un posible intento de influir en investigaciones relacionadas con la política y el crimen organizado. La fiscal también enfrenta acusaciones por obstaculizar la justicia, incluyendo la negativa a entregar su teléfono celular, que se encontraba en posesión de su hija.

La medida de prisión preventiva fue dictada en vista de la gravedad de los cargos y el riesgo de obstrucción de la justicia. La defensa de Peralta sigue en la espera de que se revierta la decisión, argumentando que la fiscal ha colaborado con el proceso y que las pruebas en su contra son insuficientes.