La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, y la viceministra Jéssica Niño de Guzmán, por presunta omisión y retraso en sus funciones tras la intoxicación alimentaria que afectó a escolares en las regiones de Puno y Cajamarca. Los estudiantes fueron víctimas de alimentos contaminados distribuidos por el programa Qali Warma, lo que ha desatado un escándalo que involucra tanto a funcionarios como a la empresa Frigoinca S.A.C., encargada de la distribución de los productos.

El incidente ha generado gran indignación, y aunque Demartini aseguró que Qali Warma ya no es suficiente, y que su gobierno implementará un nuevo programa de alimentación escolar en 2025, la crisis se sigue intensificando. Además de este caso, se investiga el hallazgo de hongos en conservas de pollo distribuidas a escolares en Ayacucho, y la falsificación de productos, como la venta de carne de caballo como si fuera carne de res.

El Ministro Demartini también tomó medidas dentro de su sector, exigiendo la renuncia de Pedro Ripalda como director de Qali Warma, quien fue reemplazado por Cecilia Barbieri. Sin embargo, este nuevo capítulo de corrupción deja una gran sombra sobre el programa, cuyo futuro sigue siendo incierto.

La Procuraduría General ha solicitado que se profundicen las investigaciones ante las evidentes irregularidades, mientras que 22 funcionarios de Qali Warma y de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) fueron destituidos como parte de una red de corrupción que ha deslegitimado el programa.

Con la situación en aumento, la lucha por garantizar la seguridad alimentaria en las escuelas continúa, mientras el gobierno de Dina Boluarte enfrenta una crisis que compromete la confianza en uno de los programas sociales más importantes del país.