En una de las decisiones más polémicas de los últimos tiempos, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, junto con su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios altos funcionarios de Hamas. La orden, que marca un hito al ser la primera dirigida a un líder occidental aliado de las potencias globales, ha generado una fuerte reacción internacional y ha puesto en tela de juicio la efectividad y la imparcialidad del sistema de justicia internacional.

A pesar de que el Estatuto de Roma, que rige la CPI, obliga a los países signatarios a ejecutar estas órdenes, muchos gobiernos poderosos han eludido o rechazado su cumplimiento. Francia, por ejemplo, inicialmente respaldó la decisión contra Netanyahu, pero días después dio un giro, alegando que Israel no es miembro de la CPI, lo que podría otorgar inmunidad a su primer ministro. Esta incoherencia ha alimentado las críticas sobre un posible doble estándar en la aplicación de la justicia, dependiendo de los intereses políticos de cada nación.

El caso de Netanyahu no es aislado. La CPI ya ha enfrentado desafíos similares con líderes como Vladimir Putin, contra quien también se emitió una orden de arresto por crímenes de guerra relacionados con la invasión de Ucrania. Sin embargo, Mongolia y otras naciones han recibido a Putin con honores, desafiando directamente la autoridad del tribunal.

Esta falta de consenso y la creciente politización de las decisiones de la CPI socavan los principios básicos del derecho internacional, que deberían garantizar igualdad ante la ley sin importar la nacionalidad o el estatus político de los acusados. Los críticos señalan que la conveniencia política está prevaleciendo sobre el compromiso con la justicia, debilitando la credibilidad del tribunal y abriendo una brecha peligrosa para futuros juicios.

A medida que el mundo observa este tenso juego de poder, la cuestión persiste: ¿seguirá el derecho internacional siendo un instrumento confiable para la justicia global, o se convertirá en un campo de batalla donde los intereses políticos prevalecen sobre los derechos humanos fundamentales?