El Congreso de la República ha decidido no proceder con la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, pese a la confirmación de que se sometió a una rinoplastía y no notificó al Parlamento sobre el procedimiento quirúrgico. Esta declaración fue realizada por el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ante la Comisión de Fiscalización.

El hecho generó controversia, ya que algunos especialistas y abogados constitucionalistas señalaron que la cirugía podría haber sido una infracción a la Constitución, pues en caso de que la mandataria hubiera quedado inconsciente durante la operación, habría existido un vacío de poder. Sin embargo, desde la bancada de Fuerza Popular, se minimizó el tiempo de desconexión de la presidenta, argumentando que una rinoplastía no es un procedimiento que incapacite a una persona por un período largo. La vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, consideró que se estaba haciendo una "tormenta en un vaso de agua", y subrayó que no existía causal para vacar a la presidenta.

A pesar de las críticas y cuestionamientos, la moción de vacancia impulsada por la congresista Susel Paredes solo reunió 13 firmas, muy lejos de los 66 votos necesarios para su aprobación. En cambio, algunos miembros de la oposición, como el expresidente del Congreso Alejandro Soto, sugirieron que las acusaciones constitucionales serían una vía más adecuada para abordar el asunto.

Baja aprobación de Boluarte
La presidenta Dina Boluarte sigue enfrentando un fuerte rechazo por parte de la población. Según las encuestas de Datum Internacional, solo un 3% de aprobación refleja el descontento generalizado con su gestión, una de las más bajas en la historia reciente del país. La desaprobación supera el 90% en todos los niveles socioeconómicos y grupos de edad, y se replica en todas las macrorregiones del país, alcanzando su punto más alto en las zonas del oriente y el nivel socioeconómico más bajo.

Este panorama refleja la dificultad de la presidenta para ganarse el respaldo popular, a pesar de los intentos del Congreso por blindarla de una vacancia, lo que podría haber exacerbado aún más la crisis política que atraviesa el Perú.