Las sospechas de falsificación de firmas en el gobierno de Dina Boluarte aumentan tras un informe de un perito grafotécnico que identificó “divergencias” en las firmas de la presidenta. El análisis realizado por el experto Augusto Arbaiza reveló discrepancias entre las firmas registradas en el Registro Nacional de Identificación y las que aparecen en un decreto supremo fechado el 8 de julio, que autorizaba el viaje del entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mathews, a Nueva Zelanda.

El perito señaló que las diferencias en la firma son claras: “La letra D en la firma auténtica inicia de forma recta descendente, mientras que en la firma cuestionada comienza de manera curva”. Esta anomalía, según el experto, sugiere que la firma en el decreto no corresponde a la presidenta Boluarte.

Por su parte, el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, defendió la legalidad de la situación, señalando que no existió una incapacidad formal que requiriera notificar al Congreso, ya que la presidenta firmó 91 documentos entre decretos y leyes durante su recuperación.

El tema comenzó a ganar atención pública luego de un informe de Hildebrandt en sus Trece, que planteó la pregunta: ¿alguien firmó en nombre de la presidenta mientras ella estaba ausente por su postoperatorio? La periodista Sonia Suyon reveló que durante el período en cuestión, la presidenta se encontraba en reposo tras una rinoplastia y blefaroplastia. La incertidumbre se intensificó tras el análisis de un decreto del 5 de julio, que declaraba el estado de emergencia en Moquegua debido a la actividad del volcán Ubinas, una medida urgente tomada en un momento crítico.

La revista mostró comparaciones entre varias firmas de Boluarte, sugiriendo la necesidad de un análisis oficial para verificar la autenticidad de las mismas. Además, fuentes cercanas a la presidencia confirmaron que durante más de diez días la agenda presidencial estuvo vacía, lo que generó inquietud sobre las actividades oficiales en su ausencia.

Este caso sigue siendo investigado por el Ministerio Público, mientras la controversia sobre la firma presidencial crece en la opinión pública.