En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el canciller Elmer Schialer se pronunció a favor de debatir la pena de muerte en Perú, respaldando así la postura de la presidenta Dina Boluarte. La declaración de Schialer, emitida tras una actividad oficial, generó gran expectación, dado que su opinión era una de las más esperadas después de que Boluarte abriera el tema del castigo capital.

Apoyo condicionado y desafíos legales
El canciller manifestó que “apoya completamente” lo expresado por la presidenta, aunque reconoció que implementar una medida como la pena de muerte requiere una reforma constitucional, lo que implica un proceso legislativo largo y complejo. Además, advirtió que el Perú tendría que denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que afectaría su posición en el ámbito internacional y su relación con organismos defensores de derechos humanos. Según Schialer, se debe analizar cómo implementar esta medida “de acuerdo con las normas peruanas y los acuerdos internacionales de los cuales el Perú es parte”.

El respaldo de Schialer llega en un contexto de tensión, ya que el embajador de Suiza, Paul Garnier, quien recientemente asumió su cargo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresó que uno de sus principales objetivos es promover la abolición de la pena de muerte. Al respecto, Schialer comentó que “es el embajador de Suiza y tiene todo el derecho de pensar como suizo”.

La difícil implementación de la pena de muerte en Perú
Aunque el gobierno de Boluarte ha abierto la puerta al debate, la implementación de la pena de muerte en Perú enfrenta serios obstáculos legales y diplomáticos. Para que esta medida sea viable, es necesario que se realice una reforma constitucional, que debe ser respaldada por dos legislaturas consecutivas o mediante un referéndum nacional. Además, el país tendría que notificar formalmente su intención de denunciar el Pacto de San José, lo que llevaría a un proceso de desvinculación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), un trámite que podría demorar hasta un año.

También es crucial definir los delitos a los que se aplicaría la pena de muerte, lo cual implicaría una revisión y tipificación de los crímenes a considerar. El proceso, que podría extenderse por varios años, requiere una amplia discusión tanto a nivel legislativo como diplomático, lo que convierte la medida en un tema complejo.

El debate sobre derechos humanos y la posición internacional de Perú
El apoyo de Schialer al debate sobre la pena de muerte resalta un tema delicado en la política peruana: la contradicción entre la defensa de los derechos humanos y el posible restablecimiento de la pena capital. Este debate no solo involucra a la comunidad nacional, sino que también tiene implicancias en la relación de Perú con organismos internacionales, como la ONU y la OEA, que han promovido la abolición de la pena de muerte en la mayoría de sus miembros.

Mientras se analiza la viabilidad de esta propuesta, queda claro que la pena de muerte sigue siendo un tema polémico, tanto en Perú como en la comunidad internacional, lo que garantiza que el debate continuará siendo uno de los más intensos y complejos en los próximos meses.