El Poder Ejecutivo promulgó una nueva ley que modifica el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos, con el objetivo de fortalecer las sanciones contra las extorsiones, incluyendo una modalidad cada vez más común: los préstamos informáticos extorsivos.

La ley, que fue publicada en Normas Legales de El Peruano, incorpora nuevas disposiciones al artículo 200 del Código Penal (Decreto Legislativo 635), detallando y ampliando los supuestos de extorsión. Entre las principales medidas que se destacan se encuentran:

1. Pena privativa de libertad: Entre 10 y 15 años de prisión para quienes, mediante violencia o amenaza, obliguen a una persona o institución a otorgar una ventaja económica indebida.
2. La misma pena se aplica a quienes induzcan, mediante engaño, intimidación, amenaza o violencia, a aceptar un préstamo o contrato ficticio con el objetivo de obtener una ventaja económica indebida.
3. Sanciones de 10 a 15 años también se aplican a aquellos que suministren información confidencial para facilitar la comisión de un delito de extorsión.
4. Para aquellos que, mediante violencia o amenaza, interrumpan el tránsito o el funcionamiento de servicios públicos para obtener beneficios indebidos, la pena es de 5 a 10 años.

Penas agravadas: Las penas de 15 a 25 años de prisión se aplican cuando se emplean armas, participan múltiples personas, o las víctimas son personas vulnerables. En casos más graves, como cuando se mantienen rehenes menores de edad, o si la víctima resulta gravemente herida o muere, la pena puede ser de cadena perpetua.

Préstamos informáticos extorsivos

En cuanto a los préstamos informáticos extorsivos, un nuevo artículo, el 8-A, se incorpora a la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos. Este tipo de delito ocurre cuando se utilizan plataformas digitales o internet para inducir o forzar a aceptar contratos ficticios con el objetivo de obtener ventajas económicas indebidas.

Las sanciones para los préstamos informáticos extorsivos oscilan entre 10 y 15 años de prisión, y pueden elevarse a 25 años si se emplea violencia, si las víctimas son personas vulnerables o si el delito tiene un carácter transnacional.

Estas nuevas disposiciones buscan reforzar las herramientas legales para enfrentar la extorsión en sus diversas formas, protegiendo tanto a las víctimas directas como al bienestar general de la sociedad frente a estos delitos.