

El Partido del Poder Popular (PPP), partido gobernante de Corea del Sur, ha cambiado de postura y ahora apoya los intentos de destituir al presidente Yoon Suk Yeol, tras su polémica decisión de declarar la ley marcial el 3 de diciembre. La medida, que desencadenó una ola de protestas y condenas a nivel nacional, ha profundizado la crisis política del país.
En un discurso desafiante, Yoon defendió su decisión y rechazó las crecientes solicitudes de renuncia de varios sectores políticos. Afirmó que la ley marcial fue necesaria para romper el estancamiento político en el país, acusando a la oposición de apoyar a Corea del Norte y de obstaculizar el trabajo del gobierno. Sin embargo, su discurso no logró aplacar la creciente presión interna ni externa.
El PPP había evitado inicialmente respaldar la destitución, esperando que Yoon renunciara por voluntad propia. Sin embargo, tras el fracaso de sus intentos de persuasión, el líder del partido, Han Dong-hoon, declaró que la única vía viable ahora es el juicio político: “Es la única vía para defender la democracia y la república”, afirmó.
La oposición, liderada por el Partido Democrático, ya está preparando una nueva moción de juicio político que podría votarse el sábado. En el último intento de destitución, el PPP boicoteó la votación, lo que permitió a Yoon mantener el poder temporalmente. Pero con el respaldo de su propio partido, la situación se complica para el presidente.
La controversia se originó cuando Yoon acusó a la oposición de “actividades antiestatales” y de ser demasiado blanda con Corea del Norte, lo que culminó en el decreto de emergencia. A pesar de la rápida anulación de la medida, la acción fue recibida con conmoción, dado el contexto histórico de la ley marcial en Corea del Sur, que recuerda la brutalidad de los gobiernos dictatoriales de las décadas pasadas.
Además de las presiones políticas, Yoon enfrenta una investigación por presunta traición y abuso de poder. La fiscalía y la policía surcoreanas han abierto varias investigaciones en su contra, y se le ha prohibido salir del país. Mientras tanto, Kim Yong-hyun, el exministro de Defensa que recomendó la ley marcial, fue detenido, y su intento de suicidio bajo custodia ha añadido más tensión al escenario político.
En un entorno político cada vez más polarizado, Yoon se ha mantenido firme en su postura. “Lucharé hasta el último momento con el pueblo”, afirmó en su discurso de este jueves, mientras pedía disculpas a aquellos que se sintieron afectados por la medida.
La situación en Corea del Sur sigue siendo incierta, y la presión sobre Yoon está en su punto más alto, con el futuro político del presidente pendiendo de un hilo.