La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, criticó duramente al Congreso de la República por lo que consideró un esfuerzo por amedrentar a los operadores de justicia con una serie de leyes "improvisadas" y "exageradas", que afectan la independencia judicial. En una entrevista con Punto Final, Espinoza alertó que el Parlamento ha estado legislando de manera apresurada, sin una adecuada reflexión legal, lo que está generando un entorno de incertidumbre y desconfianza entre los actores del sistema judicial.

Crítica a la legislación del Congreso
Espinoza afirmó que las reformas legislativas aprobadas recientemente han exacerbado la persecución a jueces y fiscales con base en “cuestiones no objetivas” y de forma “extralimitada”. Señaló que de las cuatro leyes aprobadas, al menos dos son abiertamente inconstitucionales, como la ley relacionada con la detención preliminar (Ley 32182), que penaliza a los jueces y fiscales por no ordenar la prisión preventiva o no decretar la detención de sospechosos.

“El tema de la detención preliminar es muy grave porque se está penalizando a los operadores de justicia por no tomar decisiones sin una calificación legal adecuada. Se está creando un nuevo tipo de prevaricato solo por no decretar detención preventiva, algo que pone en riesgo la imparcialidad de la justicia”, destacó Espinoza, advirtiendo que las leyes deben ser cuidadosamente analizadas para evitar que se conviertan en un obstáculo para la aplicación de justicia de manera razonable.

Desacuerdo con las filtraciones de información
Espinoza también abordó el tema de las filtraciones de información desde el Ministerio Público, aclarando que no solo los fiscales están involucrados en este tipo de hechos, sino también la Policía Nacional del Perú (PNP). "La filtración no solo proviene de los fiscales; muchas veces la información también es conocida por la Policía, y se pretende penalizar solo a los fiscales", expresó, indicando que la legislación sobre este tema es una muestra más de la “improvisación” en el Congreso.

Iniciativa de la Escuela Nacional de la Magistratura
Otro punto de conflicto para Espinoza fue un proyecto de ley propuesto por Gladys Echaíz, de la bancada Honor y Democracia, que busca crear la Escuela Nacional de la Magistratura. La fiscal se mostró en desacuerdo, destacando que no se han considerado adecuadamente los efectos presupuestales y funcionales de la propuesta. Además, expresó su preocupación por la idea de poner en cabeza de esta institución a magistrados en actividad o jubilados, ya que considera que esto no promovería una verdadera renovación en la judicatura.

Iniciativa de nombramiento de jueces y fiscales
En cuanto a la iniciativa de que el Senado sea el encargado de nombrar jueces y fiscales, Espinoza consideró que este enfoque sería un retroceso. “Recordemos que hace muchos años los magistrados eran elegidos por el presidente de la República, lo que conllevaba un fuerte control político sobre la justicia, lo que daba lugar a la impunidad para ciertos personajes políticos. No queremos volver a ese punto”, concluyó, reafirmando su postura sobre la necesidad de mantener la separación de poderes y evitar el control político de la justicia.