viernes 31 de enero de 2025 - Edición Nº213

Actualidad | 17 dic 2024

Freddy Hinojosa elude detención por ley que suspende la detención preliminar, aún no promulgada

El vocero de la presidenta Dina Boluarte no fue detenido, ya que la ley que revoca la prohibición de la detención preliminar aún no ha sido promulgada, lo que generó controversia y críticas.


Freddy Hinojosa, vocero de la presidenta Dina Boluarte y exdirector del programa Qali Warma, eludió una posible detención relacionada con una red de corrupción vinculada al mencionado programa alimentario debido a que aún no ha sido promulgada la ley que revoca la detención preliminar en casos de no flagrancia. A pesar de que el Ministerio Público solicitó una medida cautelar de 10 días contra Hinojosa, el Poder Judicial solo autorizó el allanamiento de su vivienda.

Hinojosa, quien dirigió el programa Qali Warma cuando Dina Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), enfrenta cargos por organización criminal, colusión, cohecho y otros delitos. Además del allanamiento en su domicilio, también se ordenó la intervención en las viviendas de 14 personas más vinculadas a este caso, aunque en todos los casos se les denegó la detención.

Este hecho se produce en el contexto de la controversia generada por la Ley 32181, promulgada la semana pasada por el Ejecutivo. La ley, impulsada por el Congreso de la República y refrendada por Boluarte, tenía como principal objetivo prohibir la detención preliminar de policías en casos de lesiones o muertes ocurridas durante el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, la ley también incluyó una disposición final que eliminaba la detención preliminar sin flagrancia en todos los casos.

Ante las críticas generadas por esta medida, el Parlamento aprobó recientemente la restitución de la detención preliminar sin flagrancia, con 79 votos a favor. Con esta reforma, un juez podrá ordenar la detención preliminar si existen elementos razonables para suponer que una persona ha cometido un delito con pena privativa de libertad superior a cuatro años, o si hay indicios de fuga u obstaculización de la investigación. Sin embargo, esta autógrafa aún no ha sido firmada por la mandataria, lo que ha retrasado su entrada en vigor.

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