La Sala Plena de la Corte Suprema del Poder Judicial de Perú se pronunció en contra de la iniciativa del Congreso para reformar el sistema de justicia, subrayando que este tipo de modificaciones no pueden llevarse a cabo "a espaldas de jueces y fiscales". En su pronunciamiento, los magistrados expresaron su preocupación por la creación de una comisión exclusivamente parlamentaria para llevar adelante las reformas, lo que consideran una contradicción con la tradición legislativa que busca generar consensos interinstitucionales en temas tan cruciales como la lucha contra la criminalidad.

La Sala Plena destacó que, al tratarse de un proceso que impacta directamente en el sistema judicial, la participación activa del Poder Judicial es esencial. "La transformación de la justicia no puede hacerse contra los jueces y fiscales, quienes somos parte de la solución y no únicamente del problema", señalaron, refiriéndose a la moción aprobada por el Congreso el pasado 11 de diciembre.

Preocupación por la afectación al principio de separación de poderes

Uno de los puntos más críticos fue el riesgo de que la reforma propuesta afecte la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, lo que, según la Sala Plena, pondría en peligro el principio de separación de poderes. Entre las modificaciones que generan mayor preocupación están los cambios en las diligencias preliminares, que restarían facultades al Ministerio Público en la conducción de las investigaciones, violando el artículo 159 de la Constitución.

Además, los jueces de la Corte Suprema expresaron su alarma ante los cambios en el Código Procesal Constitucional y la sobrecriminalización del delito de prevaricato, lo que consideran podría ser inconstitucional. La reforma podría criminalizar indebidamente las decisiones judiciales, lo que afectaría la independencia de los jueces y vulneraría el artículo 139 de la Constitución, que establece la autonomía de la función judicial.

Creación de una comisión para defender la autonomía judicial

Ante la preocupante situación, la Corte Suprema ha conformado una comisión encargada de analizar las leyes promulgadas y tomar las acciones necesarias para defender la autonomía judicial y promover reformas razonables que mejoren el sistema de justicia a largo plazo.

"La reforma del sistema de justicia debe ser inclusiva y democrática, sin excluir a las instituciones encargadas de velar por su correcta administración", afirmó la Sala Plena, subrayando que los cambios en el sistema judicial no pueden ser impuestos sin una deliberación adecuada entre todos los actores involucrados.

Con esta nueva comisión, el Poder Judicial buscará intervenir para asegurar que las reformas no pongan en peligro la independencia del sistema judicial y sean, en su lugar, beneficiosas para la justicia del país.