La presidenta Dina Boluarte asistió este miércoles a la graduación de 244 nuevos alféreces de la Policía Nacional del Perú (PNP), y durante la ceremonia, reiteró su compromiso con la mejora de la seguridad, anunciando sanciones más drásticas para los policías involucrados en actos ilícitos.

Boluarte subrayó que, a pesar de la existencia de “malos elementos” en la institución policial, el Gobierno seguirá respaldando a los buenos oficiales para preservar la imagen de la PNP. “Quienes traicionen el uniforme serán duramente sancionados para proteger la reputación y el respeto de la institución”, indicó.

La presidenta también resaltó el esfuerzo por fortalecer la seguridad ciudadana, destacando la formación de 75 nuevos oficiales especializados en investigación criminal y 169 en orden interno. A nivel presupuestario, anunció que en 2025 se destinará un presupuesto histórico de más de 16,300 millones de soles para reforzar la lucha contra el crimen, el tráfico de drogas y mejorar el equipamiento policial.

Investigaciones de corrupción y bajos índices de aprobación

Este pronunciamiento se da en medio de la creciente preocupación sobre la implicación de algunos policías en actos de corrupción y crimen organizado. Recientemente, el Poder Judicial dictó prisión preventiva para dos miembros de la PNP acusados de participar en un caso de tráfico de drogas. Sin embargo, Boluarte destacó el compromiso del gobierno con la seguridad, a pesar de los escándalos que afectan a la institución.

En otro frente, la mandataria hizo referencia a las encuestas de aprobación que la sitúan con un apoyo del 3% al final de 2024, destacando que no se deja influir por los resultados.

“No estamos trabajando para ser artistas de Hollywood, sino para disminuir la pobreza en nuestra patria”, afirmó, haciendo frente a los bajos niveles de popularidad y al rechazo generalizado, especialmente en el sur y centro del país.

Controversias judiciales que marcan su gestión

Desde su llegada al cargo, Boluarte ha enfrentado diversas investigaciones judiciales por corrupción, abuso de poder y otros escándalos. Entre ellos se incluyen una pesquisa por homicidio y genocidio relacionados con las protestas de 2022-2023, así como investigaciones por enriquecimiento ilícito y presunto encubrimiento a Vladimir Cerrón, líder de su partido, quien se encuentra prófugo.

Además, el caso de la cirugía estética realizada sin informar al Congreso sobre su baja médica ha generado nuevas tensiones en su ya cuestionada gestión.