La Fiscalía de la Nación ha expresado un enérgico rechazo al proyecto de ley 3577/2022-CR, que propone modificaciones significativas en el proceso de extinción de dominio, advirtiendo sobre las “nefastas consecuencias” que podría generar si es aprobado por el Congreso. Según la institución, esta reforma no solo contraviene el orden constitucional, sino que también debilita las políticas públicas implementadas en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico ilícito de bienes y la acumulación de fortunas producto de actividades ilegales.

Desde su promulgación en junio de 2019, la Ley de Extinción de Dominio ha demostrado ser una herramienta eficaz en la lucha contra el crimen, permitiendo la recuperación de más de 551 millones de soles provenientes de actividades ilícitas. A través de 1,419 sentencias ejecutadas, se han recuperado bienes vinculados al narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal, trata de personas y corrupción.

El rechazo de la Fiscalía se centra en que el proyecto limita la autonomía e independencia del proceso, al vincular el inicio de la indagación patrimonial a la existencia de una sentencia penal firme. Este cambio, señala el órgano fiscalizador, podría llevar a la devolución de bienes a las organizaciones criminales, lo que fortalecería su poder económico y expandiría su influencia en mercados ilícitos.

Además, la reforma podría implicar el archivo de más de 5,500 investigaciones en curso en fiscalías especializadas en extinción de dominio a nivel nacional, lo que representaría un retroceso significativo en la lucha contra la criminalidad. Para la Fiscalía, el proyecto revive figuras jurídicas obsoletas, como la pérdida de dominio o el comiso penal, que han demostrado ser ineficaces en la recuperación de activos y el debilitamiento de organizaciones criminales.

El proyecto de ley, que modifica el Decreto Legislativo 1373 sobre extinción de dominio, fue aprobado en primera votación por el Congreso con 53 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones. La propuesta establece que, aunque el proceso de extinción de dominio sea autónomo, este deberá depender de una sentencia firme o de un laudo emitido en otro tipo de proceso jurisdiccional.

La Fiscalía ha solicitado a los legisladores reconsiderar la reforma, destacando que su aprobación representaría un retroceso en el compromiso del Estado peruano para combatir la delincuencia organizada y la corrupción. “Exhortamos a los representantes de todas las bancadas del Parlamento para que se aparten de las consecuencias negativas que podría traer la aprobación final del proyecto”, concluyó.