La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso el archivo definitivo de dos importantes denuncias contra el expresidente Pedro Castillo, al no encontrar pruebas suficientes para sostener los cargos. La primera denuncia, relacionada con presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal, involucraba al exmandatario en un proceso de contratación de un martillero público, Marco Antonio Urbina Chumpitaz, a través de su secretario Bruno Pacheco.

En el caso del tráfico de influencias, la Fiscalía concluyó que no existieron elementos de convicción que respaldaran las acusaciones. En particular, no se encontró evidencia de que Castillo hubiera intervenido, directa o indirectamente, en favor de Urbina en el proceso de contratación llevado a cabo por la Intendencia Regional de La Libertad. Además, la declaración de Karelim López, quien había afirmado presenciar una discusión entre Castillo y Pacheco sobre una intervención indebida, no fue suficiente para sustentar la acusación. Según la Fiscalía, no se recabaron pruebas que vincularan a Castillo con la manipulación del proceso.

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El abogado defensor de Castillo, Wilfredo Robles Rivera, destacó que la investigación se basaba únicamente en la versión de López, la cual no pudo ser corroborada. Afirmó que esta fue una parte de una estrategia política para desacreditar a su cliente, añadiendo que la Fiscalía actuó bajo una línea de persecución política impulsada desde la llegada de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Archivo por uso irregular de helicópteros

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En otro de los casos, la Fiscalía también archivó la denuncia por el presunto uso irregular de helicópteros de las Fuerzas Armadas, que involucraba a Pedro Castillo en un caso de peculado de uso en agravio del Estado. Se le señalaba de haber utilizado estos medios de transporte para viajes no oficiales en 2022, específicamente en los meses de febrero, marzo y abril.

El abogado de Castillo, Walter Ayala, celebró la decisión, aclarando que la denuncia presentada por la congresista Patricia Chirinos, que lo acusaba de haber usado un helicóptero para viajar a la ciudad de San Luis de Puña, no tenía fundamento. Según Ayala, la Fiscalía concluyó que el viaje no ocurrió, y que la información inicial que se difundió era falsa y exagerada.

Desafíos judiciales por otros cargos

Aunque estas investigaciones han sido archivadas, Pedro Castillo sigue enfrentando otros cargos graves. Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso presentado por su defensa que buscaba cuestionar los procesos legales que lo mantienen detenido desde diciembre de 2022. Castillo, quien fue arrestado tras intentar disolver el Congreso, enfrenta un juicio por presunta rebelión y la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión en su contra.

A pesar de las decisiones favorables en algunos casos, su detención y juicio continúan, con el exmandatario recluido en el penal de Barbadillo. En el rechazo del recurso ante el TC, el tribunal reafirmó la legalidad de su arresto y el avance del proceso penal en su contra, dejando a Castillo sin opciones inmediatas de liberación.

Este panorama jurídico evidencia que, aunque el expresidente ha logrado algunos alivios en su batalla legal, sigue inmerso en un complejo proceso judicial que podría definir su futuro político y personal.