sábado 01 de febrero de 2025 - Edición Nº214

Actualidad | 23 dic 2024

Poder Judicial Anula Suspensión a Fiscal Rafael Vela: Ordenan Nuevo Pronunciamiento

El juez constitucional José Camargo declaró fundada la demanda de amparo presentada por Vela, revocando la suspensión en su cargo por 8 meses y 15 días impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. La decisión obliga a un nuevo análisis del caso, tras considerar vulneraciones al debido proceso.


El Poder Judicial revocó la sanción de suspensión por 8 meses y 15 días impuesta al fiscal superior Rafael Vela, actual coordinador del Equipo Especial Lava Jato. La suspensión fue dispuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANCMP) en octubre de 2023 debido a presuntas infracciones graves cometidas por el fiscal en sus funciones, relacionadas con comentarios públicos sobre los jueces que excarcelaron a Keiko Fujimori en el caso ‘Cócteles’.

El juez constitucional José Camargo, al declarar fundada la demanda de amparo presentada por Vela, anuló la sanción, señalando que el proceso disciplinario violó derechos fundamentales del fiscal, como el derecho al debido proceso y a una defensa adecuada. Según el juez, no se respetaron los principios de imparcialidad y transparencia en la resolución de la ANCMP.

En su fallo emitido el 20 de diciembre de 2023, el magistrado ordenó a la ANCMP emitir una nueva resolución que respete los principios constitucionales, luego de un análisis más exhaustivo y justo. Sin embargo, el juez desestimó el pedido de Vela de trasladar el caso a la Junta Nacional de Justicia para su revisión.

El juez Camargo también advirtió que el fiscal no tuvo la oportunidad de exponer adecuadamente su defensa, ya que se le negaron medios de prueba y no se consideraron sus argumentos previos, lo que vulneró su derecho a un juicio justo. La resolución subraya la necesidad de garantizar la idoneidad de las sanciones y su proporcionalidad frente a la finalidad del procedimiento disciplinario.

Este fallo genera un precedente relevante sobre el respeto a los derechos fundamentales de los fiscales y la correcta aplicación de los procedimientos administrativos en el ámbito público.

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